Caracas.- Estados Unidos, Perú y Argentina propusieron en la Organización de los Estados Americanos (OEA) que el Tren de Aragua fuera catalogado como una organización terrorista extranjera. Esta iniciativa, impulsada por Lima y a la que se sumaron Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay, busca coordinar esfuerzos regionales para combatir a la megabanda criminal nacida en Venezuela, incluyendo el intercambio de datos biométricos e inteligencia financiera.
La solicitud llegó en el marco de la asamblea anual de la OEA en Antigua y Barbuda, donde el surinamés Albert Ramdin se estrena como nuevo secretario general.
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La petición de Perú y Argentina va alineada con la intención de Estados Unidos de declarar a la organización Tren de Aragua como un grupo terrorista. La administración Trump acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con el Tren de Aragua. A la propuesta peruana se sumaron también Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.
Duras críticas de EE. UU. a la OEA
La postura de Washington, liderada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, fue crítica ante la inoperancia del organismo regional, haciendo mención expresa al «fraude electoral en Venezuela» y la crisis en Haití. Landau recordó que Estados Unidos se encuentra en un proceso de evaluación sobre su permanencia en diversos organismos internacionales, manifestando que la OEA es «incapaz o no está dispuesta» a cumplir su mandato.
«¿Qué ha hecho esta organización en respuesta a ese descarado fraude electoral? Hasta donde sabemos, nada sustancial», sentenció Landau, refiriéndose a las presidenciales venezolanas de agosto pasado.
En otro punto importante para Washington, la disidente cubana Rosa María Payá Acevedo, hija del fallecido Oswaldo Payá, fue elegida para ocupar una de las tres vacantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a propuesta de Estados Unidos. La elección de Payá, quien dirige la Fundación para la Democracia Latinoamericana y Cuba Decide, fue celebrada, especialmente por su experiencia con organizaciones de la sociedad civil, la cual «le brindará un enfoque desde las víctimas que podría contribuir con la labor de la CIDH», según la comisión de expertos que evaluó a los candidatos.
La relevancia de la CIDH y las pugnas internas en la OEA
Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso, destacó la gran relevancia de la CIDH como un órgano que «en tiempo real, le señala a los Estados que están vulnerando derechos humanos», actuando como una «piedra en el zapato» para algunos gobiernos. Además de recibir denuncias y enviarlas a la Corte, la CIDH «hace informes, organiza audiencias públicas y comunicados de prensa, pegados a la actualidad», a diferencia de la Corte, cuyas sentencias pueden demorar años.
Salazar puntualizó que la elección de los nuevos miembros de la CIDH refleja una «gran pugna entre los Estados que no quieren supervisión internacional y los que aceptan el escrutinio externo», más allá de una simple polarización entre izquierda y derecha.
La delegación de Brasil, encabezada por María Laura da Rocha, abogó por el diálogo para que la OEA «recobre la capacidad mediadora y vuelva a ser un interlocutor relevante», instando a trabajar para que el organismo «vuelva a contar con la participación de todos los países de las Américas», en una clara alusión a la exclusión de Venezuela.
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