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miércoles, 21 octubre, 2020

Defensoría condena declaraciones de alcalde peruano contra venezolanos

Percy Castillo, representante de la Defensoría del Pueblo, señaló al diario El Comercio que las frases utilizadas por el gobernante durante un operativo de seguridad representan un acto de discriminación y xenofobia

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Caracas.- En declaraciones ofrecidas al diario El Comercio, Percy Castillo, representante de la Defensoría del Pueblo en Perú y agregado de Derechos Humanos, condenó las declaraciones del alcalde de San Juan de Lurigancho, Álex Gonzales, quien calificó como “lumpen” a un grupo de migrantes venezolanos que reside en su distrito y los exhortó a volver a su país.

Castillo señaló que las frases utilizadas por el gobernante durante un operativo de seguridad representan un acto de discriminación y xenofobia. Por ello, instó a las autoridades políticas a cumplir su deber de respetar las leyes y erradicar el discurso de odio.

“No es posible generalizar. Todos estamos en contra de la criminalidad, pero en esta lucha no se debe identificar a un grupo de población migrante como personas que en su totalidad se encuentran al margen de la ley. Es muy grave. Infringe los deberes del Código de Ética de la función pública que obliga a los funcionarios a no discriminar y que puede incurrir en responsabilidad penal», dijo a El Comercio.

El hecho se llevó a cabo el pasado lunes, cuando el alcalde exhortó a los ciudadanos extranjeros que no cumplen las normas a volver a su país.

“El Perú ha recibido a perseguidos políticos, se supone, a refugiados de la dictadura de Maduro, pero no es cierto, lo que ha venido es lumpen, gente que consume drogas, que bebe y se intoxica y sale a asaltar”, dijo luego de que se interviniera en el local a migrantes indocumentados, declaraciones que fueron grabadas por varios medios de comunicación.

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Esta no sería la primera vez que autoridades peruanas asocian a la población migrante venezolana con características negativas o impulsa normas en su contra.

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En marzo pasado, el alcalde de Huancayo, Henry López, propuso una ordenanza para declarar a su ciudad libre de venezolanos. Dos meses después, en Cusco se aprobó una ordenanza que impedía empleo a extranjeros. En Ica también se promovió, en septiembre, un empadronamiento obligatorio para los venezolanos como requisito de permanencia que tuvo que ser suspendido dos días después.

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