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sábado, 8 agosto, 2020

Defensa de Álex Saab introduce amparo constitucional para evitar extradición a EE. UU.

El recurso de amparo constitucional corre paralelo a la impugnación presentada ante el Tribunal de Apelación de Barlavento contra la decisión del Gobierno de autorizar la extradición, si bien la decisión final corresponde a esa corte de justicia

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Caracas.- El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha presentado este jueves, 23 de julio, un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional de Cabo Verde contra su extradición a Estados Unidos, que avala el Gobierno del país africano, según explicó hoy a Efe su abogado, José Manuel Pinto Monteiro.

Esta diligencia procesal, interpuesta ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), busca colocar los derechos de Saab bajo la protección de la Constitución de la República de Cabo Verde.

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Saab fue detenido el 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal, en respuesta a una petición de EE. UU. cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de capitales.

El recurso de amparo constitucional, que protege a los perseguidos por la Justicia caboverdiana independientemente de su ciudadanía, se basa en las denegaciones de dos demandas de habeas corpus (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse) presentadas este junio por el empresario en este país.

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Las solicitudes de habeas corpus fueron desestimadas al principio por el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), y luego por el STJ, con sede en Praia, capital caboverdiana.

«Presentamos (en el recurso de amparo) varios argumentos, a saber: la inconstitucionalidad de la Ley de Cooperación Judicial en la que se basó la decisión de arrestar al señor Álex Saab en Cabo Verde, la privación del derecho a la libertad por una simple decisión administrativa y la ilegalidad del cumplimiento de las solicitudes de Interpol por parte de la Policía Judicial de Cabo Verde», explicó Pinto a Efe en Praia.

El recurso de amparo constitucional corre paralelo a la impugnación presentada ante el Tribunal de Apelación de Barlavento contra la decisión del Gobierno de autorizar la extradición, si bien la decisión final corresponde a esa corte de justicia.

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