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sábado, 24 octubre, 2020

DD. HH. | Argentina se abstiene ante renovación de la investigación de Bachelet en Venezuela

El país suramericano no votó por la renovación de la investigación de DD. HH. en Venezuela pese a que un comunicado de la Cancillería argentina pide la presencia de la Alta Comisionada en Caracas

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Caracas.- Argentina fue uno de los países que se abstuvo este martes, 6 de octubre, en la votación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En la sesión fue aprobada la renovación de la investigación de la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

La continuidad de la investigación de Bachelet fue aprobada con 14 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones; entre ellas, la de Argentina, pese a que un comunicado de prensa de la cancillería de ese país destaca «la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas«.

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Este es el comunicado completo de la Cancillería Argentina:

El presidente Alberto Fernández dio instrucciones a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana.

Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos, y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas.

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La República Argentina destacará a través de sus representantes en el Consejo, la necesidad de reforzar la instalación de una misión permanente de la Alta Comisionada en Caracas, dotada de los recursos humanos y de los elementos que le permitan desplegar una acción remedial frente a dichas circunstancias y contribuir a encaminar soluciones apropiadas, liderando actuaciones complementarias que pueda estimar convenientes para tal propósito.

Nuestro país contribuirá así a que se cumpla con la hoja de ruta convenida en la Carta de Entendimiento firmada por la Alta Comisionada y el gobierno venezolano, valorando ese espacio de trabajo concreto abierto recientemente a partir de la presentación de las recomendaciones y solicitudes de la Alta Comisionada.

El diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela. Son las autoridades venezolanas las responsables de respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos, así como de garantizar la paz social y la estabilidad política, lo cual resulta aún más necesario cuando se encara un proceso electoral. La República Argentina como integrante del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, votará acompañando su propuesta, preservando la posición que aquí se explícita.

Por último, el presidente Fernández sostuvo una vez más que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, pretendiendo presionar a las autoridades, agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra.

¿Qué concluyó la investigación de Bachelet?

La oficina de Bachelet brindó una actualización sobre los derechos humanos en Venezuela, luego de una investigación realizada este año que denuncia más de 2.000 personas asesinadas por funcionarios de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro entre enero y agosto del 2020.

La actualización habla también de interferencia judicial sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), algo que generó la inmediata reacción y crítica de Tibisay Lucena, expresidenta del órgano rector.

El gobierno de Maduro dio voto positivo este martes a la continuación de la investigación de Bachelet, pese a que el pasado 25 de septiembre determinara que la actualización de la Alta Comisionada tenía «información sesgada».

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