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jueves, 26 noviembre, 2020

CLAVES | ¿Qué dice el informe de la ONU sobre los DD. HH. en Venezuela?

El documento ofrece datos sobre ejecuciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, cometidos desde 2014

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Caracas.- Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobaron este martes, 6 de octubre, la renovación por dos años del mandato de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas sobre la violación de derechos humanos en Venezuela.

La Misión informó el pasado 16 de septiembre los resultados preliminares sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela cometidas desde el año 2014. Señaló que desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2014, encabezada en aquel entonces por Leopoldo López, han ocurrido violaciones graves que incluyen crímenes de lesa humanidad, cometidos por funcionarios de seguridad del Estado.

Pero, ¿qué dice la letra chica?

El Pitazo resume las claves del informe de la Misión de la ONU, noticia que acapara hoy las principales tendencias en redes sociales en Venezuela:

  • La Misión ofrece un panorama general de sus conclusiones con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en el país desde 2014.
  • La Misión envió correspondencia oficial al Gobierno en seis ocasiones, entre enero y agosto de 2020, para su cooperación pero no recibió respuesta.
  • Entrevistaron a víctimas, familiares, abogados y testigos con conocimiento directo de los incidentes. También a exfuncionarios del Gobierno y a miembros de las fuerzas de seguridad.
  • Denuncia que las violaciones documentadas se produjeron «en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela desde 2014″.
  • Señala que la crisis económica y humanitaria ha provocado la emigración de más de 5 millones de personas.
  • Indica que la Asamblea Nacional (AN) se ha visto continuamente obstaculizada desde que la coalición de partidos de la oposición obtuvo dos tercios de los escaños en diciembre de 2015.
  • Precisa que se han declarado más de 25 estados de emergencia en todo el país desde el 2016, autorizando al Presidente a adoptar amplias medidas económicas, sociales y de seguridad. El Gobierno ha introducido por lo menos 27 cambios en el marco de seguridad, aprobando leyes, planes y políticas a través de órdenes ejecutivas que han pasado por alto el proceso legislativo.
  • Denuncia que el ejecutivo nacional respondió con tácticas y medidas represivas ante los intentos de la oposición de cambiar el Gobierno en 2014. La Misión investigó 110 casos relacionados con estas violaciones, identificando patrones centrales.
  • Activistas sociales y dirigentes políticos que han liderado las protestas, así como políticos de la oposición y disidentes militares han sido acusados de conspiración golpista o de otro tipo.
  • Las personas asociadas con los principales objetos de represión también fueron blanco de ataques, incluidos familiares, amigos y colegas o personas defensoras de derechos humanos.
  • Entre el 1° de enero de 2014 y el 15 de julio de 2020, la ONG Foro Penal registró 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 (26%) fueron detenciones selectivas, el resto tuvieron lugar en el contexto de protestas.
  • Seis alcaldes de la oposición fueron detenidos entre abril de 2014 y diciembre de 2017, por períodos desde las 72 horas hasta más de cuatro años.
  • Desde 2014, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha solicitado que se levante la inmunidad de 32 parlamentarios de la AN. El organismo judicial acusó a los parlamentarios de estar en un “estado permanente” de cometer delitos en flagrancia de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, desacato al tribunal y crímenes de odio. Seis miembros de la AN fueron entonces arrestados y detenidos.
  • El número de golpes de Estado planificados, o que funcionarios de alto nivel del Gobierno alegaron que fueron planificados, aumentó de 3 entre 2014 y 2016, a por lo menos 16 entre 2017 y 2020.
  • A partir de 2018, civiles vinculados a los militares, como familiares, amigos y asociados, también se convirtieron cada vez más en víctimas de la represión.
  • La Misión investigó 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró motivos razonables para creer que el Sebin arrestó, detuvo y/o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos.
  • Un exempleado del Sebin dijo a la Misión que las órdenes que determinaban quién sería investigado a menudo venían del Presidente Maduro y de Diosdado Cabello.
  • El Sebin fabricó evidencias en varios casos, entre otras cosas, colocando pruebas falsas a las víctimas, especialmente armas de fuego, y/o distorsionando los resultados de los allanamientos de casas o automóviles.
  • Las personas arrestadas fueron llevadas a la sede del Sebin en la Plaza Venezuela o al edificio de El Helicoide, ambos en Caracas. Una vez allí, los funcionarios interrogaron a las personas detenidas sin la presencia de un abogado.
  • Agentes del Sebin torturaban o sometían a las personas detenidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las torturas y los malos tratos generalmente se llevaban a cabo durante los primeros días de la detención.
  • El informe denuncia que al diputado de la AN, Juan Requesens, le administraron drogas psicotrópicas para inducir una confesión.
  • Precisa que el examen forense de Fernando Albán planetaba dudas sobre su presunto suicidio.
  • La Misión investigó 77 casos en los que la Dgcim arrestó, detuvo y torturó a oficiales militares actuales y ex militares y a civiles asociados a ellos.
  • La Dgcim ha utilizado cada vez más instalaciones no oficiales o clandestinas desde 2018. Hay al menos 24 casos de tortura documentados, que tuvieron lugar en esas instalaciones entre 2018 y 2019.
  • El Ministerio Público identificó a 505 personas muertas durante las OLP (502 hombres y 3 mujeres, incluidos 27 adolescentes). En los 140 casos examinados por la Misión, 413 personas fueron asesinadas (306 hombres, entre ellos 16 menores, y 3 mujeres. No se disponía de información sobre el sexo de 104 víctimas).
  • Denuncia que agentes de dos cuerpos de policía -la PNB/Faes y el Cicpc- cometieron ejecuciones extrajudiciales durante operaciones de seguridad fuera del contexto de las OLPs/OLHPs.
  • Documentó un patrón de disparos a quemarropa en áreas vitales, incluyendo la cabeza y el tórax, con uno o dos disparos.
  • Identificaron un patrón de denuncias de que la policía intentaba encubrir los asesinatos simulando enfrentamientos.
  • Entre enero de 2014 y diciembre de 2019 se produjeron 61.295 protestas. La Misión examinó 97 casos en los ocurrieron violaciones de derechos humanos en le marco de muchas de esas manifestaciones.
  • La Misión revisó más de 70 videos filmados en manifestaciones, ninguno de los cuales daba indicios de que las fuerzas de seguridad intentaron adoptar medidas no violentas, como el diálogo o las advertencias, antes de tomar esas medidas.
  • En los casos investigados, fueron detenidas 403 personas, con malos tratos y torturas durante el arresto y el traslado a los centros de detención, así como durante la detención. Incluían golpizas, violencia sexual y descargas eléctricas.
  • El Ministerio Público ha tomado algunas medidas para investigar los asesinatos, en particular antes del cambio de Fiscal General en 2017. Sin embargo, de 165 casos de asesinatos en las protestas de 2014, 2017 y 2019, sólo 5 han dado lugar a una condena y sanciones (4 en 2014 y 1 en 2017).

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