CLAVES | Lo que dijo Michelle Bachelet en informe sobre violación de DDHH en Venezuela

El informe de Bachelet afirma que el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria. Señala además la elevada proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza de Acciones Especiales (Faes)

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Grupo de voluntarios de la Cruz Roja chequeando el estado de salud los extrabajadores en huelga de hambre
El informe denuncia que el gobierno de Maduro ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. Foto Andrés Rodríguez

Caracas.- La Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, publicó este jueves 4 de julio un informe en el que insta al gobierno de Nicolás Maduro a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
 
Las siguientes son las 20 claves del informe.

1.- Éxodo sin precedentes

La Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.

2.- Criminalización de la oposición

En el informe, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el gobierno de Nicolás Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

3.- Fin del control institucional sobre el poder ejecutivo

Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos.

4.- Sin medios para satisfacer derechos fundamentales

En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materias de alimentación y cuidados médicos, entre otros.

5.- Paulatina militarización de las instituciones

El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década.

En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.

6.- Colectivos armados ayudan a reprimir

Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones.

La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.

7.- Elevadas víctimas por ejecuciones extrajudiciales a manos de la Faes

La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por la Fuerza de Acciones Especiales (Faes), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada, señala el informe.


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En 2018 el Gobierno registró 5.287 muertes, por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas operaciones.

Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores.

8.- Privación arbitraria de libertad

El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

9.- Liberación de los presos políticos

Si bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales.

“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia— y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”.

10.- Sin acceso a la justicia

El informe hace hincapié en que la mayoría de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos no han tenido acceso real a la justicia ni a una reparación adecuada.

“Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa el informe. 

Quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos, a investigaciones que se estancan.

11.- Ministerio Público incumple su obligación y Defensoría del Pueblo guarda silencio

“El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos”.

12.- Clausura de medios y hegemonía comunicacional

En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes.

“En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.

13.- Sanciones petroleras agravan la crisis económica

Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis.

14.- El Estado no garantiza derechos a la alimentación ni atención sanitaria

El informe señala que el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
 
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos.

15.- Discriminación en programas sociales

A pesar de que el Gobierno ha realizado esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales, amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirlas porque no eran partidarias del Gobierno.

16.- Situación sanitaria es grave

La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. 

En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.

17.- Violación de derechos colectivos a la población indígena

El informe también aclara la repercusión desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos armados.

“La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, …ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, medios de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra”, señala el documento

18.- Llamado a solucionar una crisis que está arrasándolo todo

En el informe se formula un conjunto de recomendaciones dirigidas al Gobierno en relación con las principales violaciones de derechos humanos documentadas por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuada, así como a otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.

“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo— a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”.

19.- Entrevistas con víctimas y testigos

El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno, hasta el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

También con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares.

20.- Monitorear la situación de derechos humanos
 

Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.

“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró la alta comisionada Bachelet.

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