Alex Saab pide a Cabo Verde cumplir orden que permite visita de familiares

Los abogados del empresario colombiano denunciaron que las autoridades de Cabo Verde se niegan a expedir visados a la esposa de Saab y sus dos hijas, pese a que el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, en la isla de San Vicente, lo permitió

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Foto: cortesía VOA Noticias

El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del gobernante Nicolás Maduro, pidió este jueves, 14 de octubre, el cumplimiento de una orden judicial que permite a su familia visitarlo en Cabo Verde, donde está detenido a petición de Estados Unidos, que lo reclama por supuesto blanqueo de dinero.

En una carta divulgada por sus abogados y dirigida al pueblo de Cabo Verde, Saab afirmó que el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, situado en la isla caboverdiana de San Vicente, dictaminó que su familia puede permanecer con él mientras está bajo arresto domiciliario restrictivo, por lo que no puede haber excusa para el retraso en la expedición del visado de su familia.

«En el caso del visado para mi familia, el Gobierno de Cabo Verde afirma que su presencia en el país ‘ejerce una presión indebida sobre el sistema legal’, mientras que la Policía habla de ‘preocupaciones de seguridad», alegó el empresario.

«Por mucho que lo intente, no puedo ver qué amenazas concretas pueden representar para el sistema judicial de Cabo Verde mi esposa y mis hijas, de 4 años y 18 meses», argumentó. Sus abogados ya denunciaron la semana pasada que las autoridades caboverdianas se niegan a expedir visados a su esposa y sus dos hijas, a pesar de que lo permite el citado tribunal.

Saab también recordó que el mismo tribunal ordenó el pasado 31 de agosto su traslado desde la isla de Sal, donde se encuentra bajo arresto domiciliario, a la capital caboverdiana, Praia, para recibir atención médica especializada ante el deterioro de su salud. «Resulta que siete semanas después, casi dos meses después, sigo detenido en Sal, mientras mi salud se deteriora gradual e irremediablemente», subrayó.

«En resumen, estamos ante dos decisiones judiciales claras y objetivas a las que las autoridades políticas y policiales de Cabo Verde se oponen», concluyó el empresario colombiano, al agregar que se trata de «dos negativas incomprensibles y absolutamente ilegales».

La carta se publicó después de que el pasado martes su equipo legal pidió al Tribunal de Apelaciones de Barlavento que revise y archive la causa de su extradición a Estados Unidos. El 8 de octubre, la defensa también informó que presentó una solicitud de nulidad de la decisión del Tribunal Constitucional de Cabo Verde de aprobar en septiembre la constitucionalidad de su extradición. El Tribunal Constitucional dio la razón a dos instancias inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlavento y el Tribunal Supremo, y al propio Gobierno caboverdiano, que ya habían autorizado la entrega de Saab. Hasta la fecha, todos los intentos legales de detener su entrega han resultado fallidos ante la Justicia caboverdiana.

El empresario fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amilcar Cabral, de la isla de Sal, respondiendo así a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, el Gobierno de Maduro aseguró que Saab es un ciudadano venezolano y un enviado especial que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados sostienen que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».

El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro. Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios al gobierno de Maduro. El empresario y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con cientos de millones de dólares, según las autoridades estadounidenses.

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