Berlín.- La canciller alemana, Angela Merkel, y los poderes regionales acordaron este miércoles, 14 de octubre, un sistema de alerta temprana a escala territorial para tratar de contener el aumento de contagios en el país, en un intento por evitar otro cierre de la vida pública.
En 7 días se extenderá el uso obligatorio de la mascarilla. A partir de 50 infecciones, por ese cómputo de ciudadanos y durante una semana, se cerrará la vida nocturna a las 23.00 horas y se prohibirán los encuentros, inclusive privados, de más de diez personas.
Algunos estados federados y municipios habían introducido ya el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23:00 horas y la prohibición de venta de alcohol. Varios länder, estados federados, optaron asimismo por prohibir a los hoteles albergar a huéspedes provenientes de zonas consideradas de riesgo.
Esta medida se aplica en algunos länder, pero en otros no, lo que ha generado confusión entre el ciudadano, ya que además las cifras e incidencia de contagios varían a diario.
La reunión entre Merkel y los líderes de los länder es la primera presencial en cuatro meses y ocurre en medio de fuertes tensiones por adoptar medidas comunes a escala nacional, pese a que corresponde a los poderes regionales implementar las restricciones.
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Alemania registró este miércoles 5.132 nuevos contagios de coronavirus, el nivel más alto desde abril según las nuevas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, competente en la materia.
La marca se acerca al pico de contagios registrado en el país, a finales de marzo y principios de abril, con unos 6.000 diarios. Especialmente alarmante es la situación de las grandes ciudades, en muchas de las cuales -incluido Berlín- la semana pasada se rebasó el límite de los 50 contagios por 100.000 habitantes y 7 días.
Desde el comienzo de la pandemia Alemania ha tenido 334.585 contagios confirmados, con un total de 9.677 víctimas mortales.
Actualmente hay más de cuarenta distritos o ciudades clasificados como zona de riesgo, incluido Berlín, Múnich y otros núcleos urbanos. Se estima que la prohibición de hospedaje afecta a unos 14 millones de ciudadanos, de los 83 millones de habitantes del país.