Informe Bachelet: 118 casos de privados de libertad requieren de respuesta urgente

La presentación de esta nueva actualización se llevó a cabo este 18 de diciembre en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Contó con la presencia e intervención de delegados de Perú, Nicaragua, Brasil, Ecuador, Colombia, Australia y Croacia, entre otros

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La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ofrece una actualización sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela. | Foto: Efe

Caracas.- Este miércoles 18 de diciembre, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó la actualización de su informe sobre Venezuela.

Bachelet comenzó su alocución recordando que después de su actualización del informe en septiembre, el gobierno de Venezuela firmó las cartas compromiso que establecían visitas a centros de reclusión, apoyo técnico y el acuerdo de elaborar el segundo plan nacional de Derechos Humanos.

La representante de la ONU aplaudió la iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro de “invitar a los relatores especiales sobre medidas coercitivas unilaterales y derecho al desarrollo. Instó al gobierno a extender la invitación a los demás relatores”.

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Bachelet rindió cuentas sobre la actuación de la comisión de representantes que visitó el país en los últimos meses y que logró realizar nueve visitas a centros de detención y entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad.

Dicha comisión ha documentado más de 118 casos de privados de libertad que requieren una respuesta urgente por parte de las autoridades, bien sea por motivos de salud, retrasos judiciales, cumplimiento de pena o falta de boleta de excarcelación.

Bachelet instó a liberar plenamente a todos los detenidos por razones políticas incluyendo militares y al diputado Juan Requesens.

Derechos económicos y sociales vulnerados en Venezuela

A propósito de la crisis económica que vive Venezuela, la Alta Comisionada expresó que «tan solo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos, debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía», reseñó el periodista Gabriel Bastidas a través de su perfil de Twitter.

Bachelet puntualizó que “la crisis sigue afectando los derechos económicos y sociales. El último incremento del salario mínimo por parte del gobierno ha perdido su valor, por la inflación, en 75 %”.

La Alta Comisionada también abordó el tema de la emergencia sanitaria del país, presentando el caso del hospital J.M. de Los Ríos, cuyos pacientes esperan por un trasplante para poder vivir.

De igual manera se refirió a la situación que agobia al estado Zulia, cuyos problemas eléctricos han motivado que “miles de zulianos se han desplazado internamente o han migrado del país”, señaló Bachelet.  

Las Faes siguen operativas

Sobre la actuación de los cuerpos de seguridad se hizo referencia en el Informe Bachelet a las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Faes, principalmente en contra de adolescentes masculinos en barriadas populares. A propósito de este señalamiento, el representante de Paraguay agregó “las recomendaciones realizadas por Michelle Bachelet no han sido implementadas. La Faes sigue funcionando y no se han establecido responsabilidades individuales”.

También se destacó la presencia de grupos armados y los altos niveles de violencia en el estado Bolívar y la muerte de ocho personas en Ikabarú.

Caso Juan Requesens

La detención del diputado Juan Requesens por su presunta participación en el atentado a Nicolás Maduro fue también presentada en el Informe Bachelet. La Alta Comisionada expresó que Requesens debía ser excarcelado prontamente.

También otros representantes secundaron esta solicitud, como el caso de Países Bajos cuyo delegado apuntó “el juicio de Juan Requesens no cumple con las garantías básicas y como este caso hay muchos”. 

Por su parte, Reino Unido agregó que el juicio carece de todo principio del debido proceso y recordó a Venezuela que ser parte del Consejo de Derechos Humanos exige el respeto hacia los derechos humanos.

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