Argentina, Estados Unidos, Chile y otros 10 países presentaron en la Organización de Estados Americanos (OEA) una declaración conjunta para exigir la concesión inmediata de salvoconductos para los seis opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas con el objetivo de que puedan salir del país sin ser detenidos.
La declaración, que ha sido presentada por el representante de Paraguay ante la OEA, Raúl Florentín, contó con el apoyo de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Panamá, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
Florentín expuso el texto de la resolución después de la comparecencia del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, quien pidió a la organización una actuación con firmeza y determinación.
«Los países antes mencionados declaran su voluntad de exigir al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», dijo Florentín leyendo la resolución, «que proceda de forma inmediata a conceder los salvoconductos necesarios que permitan la salida segura, digna y sin restricciones de los seis ciudadanos venezolanos que gozan de asilo diplomático hacia un territorio seguro».
Asimismo, los embajadores reafirmaron su compromiso con la garantía de la inviolabilidad de las misiones y el derecho de asilo diplomático establecido en tratados interamericanos y a la protección internacional que este confiere.
La Embajada de Argentina en Venezuela permanece, desde agosto, bajo la protección de Brasil, después de la expulsión de los diplomáticos argentinos, aun cuando el Gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre por la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede por parte de los asilados.
El opositor venezolano Pedro Urruchurtu, uno de los seis asilados desde marzo en la Embajada de Argentina en Caracas, denunció en Instagram hace unos días que se ha intensificado el asedio policial en las afueras del inmueble, que comenzó el 23 de noviembre.
Brasil, que no se ha unido a la declaración conjunta, aseguró que el ministro de Relaciones Exteriores de su país trabaja para posibilitar la concesión de salvoconductos: «La cuestión de los salvoconductos ha sido objeto de negociaciones de alto nivel con las autoridades venezolanas».
Tras recordar que cualquier incumplimiento de las normas establecidas en la Convención de Viena implicaría una grave violación del derecho internacional, aseguró que «las declaraciones internacionales de las autoridades venezolanas al respecto han sido para reiterar que se preservará la inviolabilidad de los bienes».
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