Tres venezolanos cuentan a El Pitazo lo que enfrentaron para retornar a Venezuela, luego de las medidas adoptadas por Colombia y Perú para mitigar la propagación del COVID-19. Su trayecto fue difícil, pero se encuentran satisfechos por regresar a sus hogares en medio de la pandemia

Miguel, Antonio y Ángel son tres de los 17.339 venezolanos que, según cifras recopiladas por el equipo de corresponsales de El Pitazo, han ingresado al país desde principios de marzo hasta el 30 de abril. Sus historias reflejan las grandes dificultades que enfrentan los que debieron emprender el regreso forzoso desde los países donde se establecieron. Ellos enfrentaron la xenofobia, el desalojo y la deportación.

Un año y tres semanas transcurrieron desde que Miguel Morales se despidió de sus padres e hija de siete años de edad, con quienes habitaba en el sector Las Malvinas, de Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui. La última vez que los abrazó prometió proveerles de una mejor calidad de vida y, realmente, estaba cumpliendo con su palabra, pero la paralización económica generada por la emergencia decretada por el COVID-19 lo obligó a regresar desde Perú.

En compañía de otros dos amigos venezolanos emprendió su nuevo rumbo: Venezuela. Caminaron día y noche para evitar ser alcanzados por alguna restricción que les impidiera llegar a Venezuela.

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“Trataba de no mirar atrás. Mi meta era llegar a Venezuela. Pensaba que mientras más me acercara a mi país, más seguro iba a estar”, cuenta Miguel.

Al noveno día sus ánimos se quebraron. Un grupo de vándalos lo despojó de todas sus pertenencias y de lo poco que había logrado guardar para su hija y sus padres, con quienes no pudo comunicarse durante dos días, después de aquel desagradable momento.


Estaba en Medellín y me pidieron que desalojara, porque no había podido pagar el arriendo y tuve que salir lo más pronto posible sin tener donde pernoctar

Ángel Contreras, quien debió salir de Colombia bajo la condición de deportado

Con la voz quebrada y conmocionado, Miguel recuerda que lo poco que traía para sus familiares logró comprarlo con la venta de caramelos en las calles de Perú, donde también trabajó como carretillero en un mercado municipal.

A los 14 días de haber iniciado su recorrido llegó a la frontera de Perú con Colombia, donde comenzó a pedir ayuda para cruzar a su país. Temía la tempestad que se avecinaba con el aumento de los casos positivos de COVID-19, que hasta mediados de abril había segado la vida de 180 colombianos, según pudo conocer durante su perenigrar.

“Un equipo de sanidad me llevó al parque de agua de Bucaramanga, donde estuve tres días junto a unos ochenta venezolanos. Nos desinfectaron, hicieron pruebas rápidas y nos dieron algo de comer; luego me trasladaron a Cúcuta, de donde me movilizaron junto con 40 personas hasta un refugio en La Fría, en Táchira, y fue allí cuando comencé a sentir que ya nadie me iba a humillar”.

Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos que ha abandonado el país hasta el 6 de abril de este año supera los 5 millones, y Miguel había sido uno de ellos.

Llegó el día

Fue el pasado 21 de abril cuando Miguel arribó al estado Anzoátegui y estuvo hospedado en el hotel Maremares del municipio Urbaneja, donde seis días más tarde le informaron que retornaría junto con otros 38 venezolanos a su hogar. Representantes del Órgano de Dirección para la Defensa Integral del estado Anzoátegui (ODDI) se encargaron del alojamiento, pruebas de descarte, alimentación y movilización para que llegaran a sus hogares distribuidos en 13 municipios de la entidad.

Miguel tardó 26 minutos en llegar a su casa; iba en una unidad de transporte público negro junto con 12 personas que también se dirigían a sus hogares en Puerto La Cruz y Guanta.

Cuando la puerta de la unidad se abrió, Miguel no dudó en bajarse y comenzar a caminar a pasos apresurados hasta su hogar. Sus padres y su hija lo esperaban y a penas se asomó en el portón principal todos gritaron de la alegría y comenzaron a llorar. “Lo más difícil de regresar es no saber qué tan incierto será mi destino, pero Dios sabrá cuántas pruebas debo superar”.

Rigurosidad

Los venezolanos que han ingresado al país bajo la coordinación de las autoridades gubernamentales pasan por controles sanitarios y descartes de COVID-19, pero las medidas han sido cuestionadas por algunas autoridades regionales.

Uno de los que ha mostrado su inconformidad con el control sanitario aplicado por el Gobierno de Nicolás Maduro es el gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, quien informó el pasado lunes 27 de abril que a la entidad había ingresado una joven de 26 años de edad, con 36 semanas de embarazo, proveniente de Brasil, a quien le aplicaron tres pruebas rápidas de descarte que arrojaron negativo, pero tras llegar a su hogar se supo que una prueba PCR que le realizaron había resultado positiva.

“Los controles sanitarios deben ser más rigurosos. Estas pruebas rápidas no son tan confiables cuando han arrojado negativo a pacientes con COVID-19 que están asintomáticos. Después de que la joven estaba aquí y había cruzado varios estados llegaron los resultados de la PCR donde resultó positiva”, resaltó Sira.

El mandatario recomienda que los repatriados sean trasladados a sus casas después de haber cumplido con los días requeridos de aislamiento y reciban los resultados de la prueba PCR.

¡Deportados!

Antonio Andrade es uno de los 63 venezolanos que solicitó ante el departamento de Boyacá en Colombia que lo ayudaran a llegar a Venezuela, traslado que fue concedido bajo la condición menos favorable para quienes aceptaron. “Tuve que aceptar salir como deportado de Colombia. Yo no soy ningún delincuente, pero era la condición que nos pusieron para llevarnos hasta Cúcuta y poder avanzar a nuestro país”.

Indignado y con lágrimas contenidas, Antonio cuenta que el 15 de abril llegó a la frontera con Venezuela y allí se sorprendió con la cantidad de venezolanos que estaban bajo un inclemente sol esperando su turno para ingresar, junto a niños que lloraban incansablemente por hambre, cansancio y calor.

“No puedo negar que nos trataron bien, nos hicieron el despistaje, desinfección y nos alimentaron. Nunca nos faltó nada, aunque nada de esto es muy cómodo y mucho menos agradable”.

Narra que fue llevado al terminal de San Antonio, donde estuvo junto a más de 150 repatriados esperando para ser trasladados a cada uno de sus estados. Durmieron en colchonetas o como mejor se pudieron acomodar. Tres días después fue enviado al estado Anzoátegui.


Tuve que aceptar salir como deportado de Colombia. Yo no soy ningún delincuente, pero era la condición que nos pusieron para llevarnos hasta Cúcuta y poder avanzar a nuestro país

Antonio Andrade, extrabajador de Pdvsa

“Estuve ocho días en aislamiento sanitario y cuando llegué al estado Anzoátegui nos recibieron en el hotel Maremares, donde nos hicieron las pruebas de descarte rápida por tercera vez y nos brindaron alojamiento”.

Antonio es uno de los trabajadores de Pdvsa que tuvo que renunciar por la inestabilidad laboral en la estatal petrolera. Como operador de taladro sus funciones dejaron de ser imprescindibles en la ciudad de Anaco. Durante 10 meses trabajó como obrero de la construcción en Colombia hasta que las actividades fueron paralizadas para evitar la propagación del COVID-19 y fue entonces cuando tuvo que regresar, porque no contaba con recursos para costear sus gastos.

En cadena nacional, el pasado 7 de abril, Nicolás Maduro aseguró que los 15.000 venezolanos que se espera ingresen al país provenientes de Perú, Colombia y Ecuador recibirían bonos de la patria, los cuales se otorgaron cuando los ciudadanos estuvieron en el extranjero y estarán disponibles cuando ingresen al país, pero Miguel y Antonio no tienen el carnet de la patria y deben ingeniárselas para generar ingresos en tiempos de pandemia.

Hasta ahora, Táchira ha sido el estado que ha registrado la mayor cantidad de ingresos de venezolanos que se han visto obligados a regresar. Todos provenientes de Perú, Ecuador y Colombia y, según información aportada por el protector de dicha entidad, Freddy Bernal, a diario se contabiliza la entrada de entre 600 y 650 venezolanos. Especificó que hasta el jueves 30 de abril se habían contabilizado 14.600 ingresos.

El Gobierno brasileño habilitó carpas que fueron ubicadas en la población fronteriza de Pacaraima, desde donde los venezolanos se desplazan hacia el estado Bolívar; allí, hasta la fecha, se han contabilizado 1.498 ingresos.

Cifras recabadas por el equipo de corresponsales de El Pitazo, quienes han seguido de cerca las declaraciones oficiales de ingresos a cada estado, revelan que, desde principios de marzo y hasta el 30 de abril, al país han ingresado 17.339 ciudadanos, 14.600 de ellos a través del estado Táchira.

Desalojo

Ángel Contreras decidió regresar a Venezuela luego de que la propietaria de la habitación que alquilaba le pidió desalojar. No había cancelado el arriendo porque lo despidieron del autolavado en el que laboró durante diez meses en Colombia, después de la paralización de las actividades que generó la pandemia de COVID-19.

“Estaba en Medellín y me pidieron que desalojara porque no había podido pagar el arriendo y tuve que salir lo más pronto posible sin tener donde pernoctar”.

Asegura haber bajado unos seis kilogramos desde que emprendió el regreso, debido a la angustia que esto le generó.

“Me pagaban menos del salario mínimo por ser venezolano y muchas veces sufrí señalamientos de colombianos, que aseguraban que había que tener cuidado con nosotros porque somos ladrones y no somos personal de confianza”.


Lo más difícil de regresar es no saber qué tan incierto será mi destino, pero Dios sabrá cuántas pruebas debo superar

Miguel Morales, quien se ganó la vida en Perú como vendedor de caramelos y carretillero y emprendió el regreso a pie

Ángel ingresó al estado Anzoátegui el pasado 21 de abril, luego de haber permanecido nueve días en aislamiento sanitario en el estado Táchira, donde le realizaron dos pruebas rápidas y le dieron charlas de inducción para evitar el contagio. Seis días más tarde fue trasladado hasta el municipio Freites, lugar donde lo esperaba su madre.

El joven de 29 años de edad también salió de Colombia bajo la condición de deportado y asegura que cuando decidió abandonar Venezuela lo hizo bajo la fiel convicción de que obtendría una mejor calidad de vida, pero la xenofobia y la discriminación que vivió en diez meses lejos de su casa le hizo pensar que “no valió la pena todo este sufrimiento”.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), miles de venezolanos se encuentran entre la población más vulnerable por la emergencia del COVID-19 en Colombia. Explica que las medidas aplicadas en países como Perú y Ecuador obligan a muchos a retornar a Venezuela.

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