Tucupita.- El Tribunal Tercero de Control dictó medida privativa de libertad al sargento segundo de la Guardia Nacional (GN), David Alfonzo Flores, imputado por la Fiscalía Séptima del Ministerio Publico por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía por motivos fútiles e innobles; uso indebido de arma orgánica, trato cruel, inhumano y degradante, todos con agravantes fundamentados en el artículo 217 de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
De acuerdo con la reseña oficial, la comisión, al mando del capitán Alarcón Camacho, observó un peñero propulsado por dos motores de 200 hp, en el que viajaban varias personas, por lo que le realizaron señales para que detuviera la marcha y hacer la inspección. Pero como hicieron caso omiso, efectuaron dos disparos al aire. Entonces, el sargento segundo tomó la decisión y efectuó disparos a los motores y cuando los tripulantes de la embarcación se detuvieron se percataron que habían fallecido dos personas y una estaba lesionada.
En el hecho fallecieron dos indígenas miembros del pueblo warao, identificadas como Belkis Mendoza de 23 años, con seis meses de embarazo, y la niña warao Samaritana Mendoza, de seis años, y Edgar Pérez de 30 años, quien resultó lesionado por impactos de arma de fuego.
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Testimonios de los familiares fallecidos señalan que esa tarde un grupo de waraos regresaba luego de haber recolectado agua dulce para su comunidad y para aligerar la embarcación donde viajaban con 16 bidones de agua, solicitaron la ayuda de una embarcación trinitaria que transitaba en la misma dirección.
“Fue en ese trayecto que divisamos una comisión de la guardia nacional que nos dio la orden de pare, eran cinco militares, cuatro tenían sus rostros cubiertos y uno solo tenía descubierta su cara y lo identificamos como ‘López’. Le grité con las manos levantadas ‘somos waraos, los waraos de Mariusa, allí solo sentí el humo de la ráfaga y cuando me volteé todos estaban caídos, Belkis Y Samaritana ya estaban muertas”, relató Wilmer Pérez, testigo presencial del hecho.
De acuerdo con las reacciones preliminares, los familiares de las víctimas no están satisfechos con la decisión emanada del tribunal y exigen pena máxima para todos los involucrados.
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