Ciudad Guayana.– Dirigentes sindicales afectos al oficialismo se unieron para introducir un anteproyecto de contrato colectivo ante la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz, estado Bolívar, el 12 de marzo, sin la aprobación de los trabajadores en asamblea, y sin tomar en cuenta a toda la estructura sindical.
Richard Flores, secretario general del Sindicato de Empleados de CVG Cabelum, mencionó que él no fue consultado, pero sí su homólogo del Sindicato de Obreros de la estatal, además no realizaron una asamblea para que los trabajadores aprobaran este anteproyecto.
“Inconsultamente introdujeron el anteproyecto hace dos semanadas, reunidos en conclave. Esto se está haciendo en las peores condiciones porque las empresas están en 0% y ahora pretenden discutir una contratación colectiva que no sé de dónde van a sacar recursos porque primero las plantas deben arrancar”, manifestó Flores.
El último contrato colectivo fue firmado en noviembre de 2016 por los secretarios generales de los sindicatos de las empresas del sector aluminio y fue discutido en las asambleas de trabajadores en cada empresa.
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“Ese anteproyecto fue una aberración, se debía discutir en asamblea y ser aprobado por, al menos, 65% de los trabajadores y eso no se hizo porque a las asambleas solo va 5% de los trabajadores que son personal de contingencia”, explicó el dirigente del movimiento 7 de CVG Alcasa, Javier Torres.
De 19 secretarios generales que hay en el sector aluminio, solo cuatro estuvieron presentes en la entrega del anteproyecto, que fueron: Pedro Perales, secretario general de Sindicato del Aluminio (Sutralum) en Venalum; José Gil, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Alcasa (Sintralcasa); Wilfredo Flores, secretario general del sindicato Único de Profesionales de CVG Bauxilum (Suprobaux) y Silvano Moreno, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Alúmina (Sutralúmina Bolívar).
Torres aseguró que esta es una medida arbitraria de la Federación Bolivariana de Trabajadores y la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores en donde no tomaron en cuenta al resto de la estructura sindical que son los que tienen la potestad de realizar estas discusiones de beneficios.
“Estamos de manos atadas porque la Inspectoría del Trabajo y el Ministerio de Trabajo es de ellos, en su debido momento lo vamos a denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y apostamos a un cambio de gobierno en donde podamos tener empresas productivas y recuperar nuestros beneficios”, concluyó Flores.
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