Pemones exiliados regresan a sus comunidades con el temor de ser nuevamente perseguidos

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Santa Elena de Uairén.- Decenas de los 966 indígenas pemones que estuvieron refugiados en Brasil debido a la masacre de febrero en Santa Elena de Uairén, comenzaron a regresar a sus comunidades para continuar con la vida que dejaron atrás, acompañados del miedo de seguir siendo blanco de militares y colectivos.

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Los días 22 y 23 de febrero se registraron manifestaciones en la capital del municipio Gran Sabana de parte de la sociedad civil, comunidades indígenas y diputados de la Asamblea Nacional (AN) que abogaron por el ingreso de ayuda humanitaria desde Brasil. Fueron atacados a tiros por sujetos que vestían prendas del Ejército venezolano, lo que dejó un saldo de ocho muertos, entre ellos tres pemones.

A partir de estos hechos que fueron el fin de la tranquilidad y seguridad que se percibía en esta zona fronteriza, pemones comenzaron a emigrar a Brasil tras ser víctimas de persecuciones, allanamientos, robos y demás amenazas de parte de uniformados y civiles armados que se identificaron como colectivos del Gobierno de Maduro.

Asimismo, fueron recibidos por integrantes de la Operación Acogida que desarrolla Brasil, Acnur y la iglesia adventista, quienes improvisaron comunidades para atender a los pemones.

“A diferencia de otros venezolanos que llegaron a Brasil afectados por la crisis social y económica, los pemones tenían sus casas y una economía estable producto de su trabajo, ellos se fueron tras ser víctimas de persecución, temían por sus vidas”, explicó el coordinador nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal.

El vocero, quien llevó este caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), agregó que: muchos de ellos han regresado a pesar de las amenazas a sus comunidades, retornaron por la situación en la cual estaban, no tenían casa y la alimentación era comunitaria.

Ortiz advirtió que Santa Elena de Uairén continúa militarizada y que esta situación es la de mayor preocupación para los pemones que decidiern retornar a 14 comunidades indígenas que se encuentran en Gran Sabana, pues temen nuevos arrestos o que comience el acoso al que fueron víctima en febrero por, algunos de ellos, defender la Ayuda Humanitaria.

“Hasta esta fecha, Foro Penal no tiene conocimiento de detenciones a los responsables de estos asesinatos y tampoco de las personas heridas, muchas de ellas ni siquiera participaban en las manifestaciones si no que estaban cerca”, puntualizó Ortiz agregando que producto de estos hechos fueron aprehendidas 62 personas por manifestar pero no hay responsables por las víctimas.

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