Pemones: «El Arco Minero es un decreto de muerte para los pueblos indígenas»

En 2020 ejercerán presión internacional para que se atienda el desastre ambiental que deja la explotación minera en el estado Bolívar

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Principales voceros indígenas permanecen exiliados en Brasil a causa de la persecución | Foto: referencial

Los líderes y voceros indígenas que permanecen en la Gran Sabana, unidos a los que siguen en el exilio, esperan ejercer presión el año entrante para que la comunidad internacional comprenda el desastre ambiental que ha dejado la minería.

A pesar de las amenazas para quienes decidieron volver a sus tierras luego de la masacre del 22 de febrero en Kumarakapay, que dejó ocho muertos, entre ellos cuatro pemones, los voceros siguen difundiendo en su comunidad el mensaje de lucha. Algunos optan por resguardar su identidad al declarar, pues es la única forma de poder seguir ocupando sus tierras.

«La política minera no ha mejorado, más bien eliminó el Ministerio de Ambiente, con esto alborotó la fiebre del oro y corrupción minera. Desde el funcionario de más alta investidura hasta el último son cómplices del desastre del medio ambiente», rezó un comunicado que enviaron a El Pitazo el lunes 17 de diciembre.

El 22 de noviembre se perpetró otra masacre en la comunidad minera de Ikabarú, está vez con ocho muertos. La población señaló al Gobierno como responsable de este hecho para poder atribuyéndole la intención de tomar posesión de la zona y así incluirla en el plan del Arco Minero.

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Este plan es “un decreto de muerte para los Pueblos Indígenas. Se repite la misma historia de la conquista de 1492, pero en la actualidad reconocemos que en la IV República por los menos los pueblos indígenas subsistieron bajo la protección de áreas bajo régimen especial, reservas forestales y parques nacionales. Pero este Gobierno nacional acaba de decretar la muerte y desaparición de los pueblos originarios”, plasmaron los pemones en el escrito.

“En diciembre de 2017 en el municipio Gran Sabana se eligió un alcalde indígena y este Gobierno lo sacó a punta de plomo disparando a la sede de la Alcaldía, solo por pensar diferente. Antes eliminaron al comandante de la Seguridad Indígena. En este momento hay una orden de captura judicial contra el Cacique General del Sector 6, Jorge Gómez, también por pensar diferente”, expusieron los líderes.

Los líderes del movimiento hicieron énfasis en el incremento de la inseguridad en Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana. Culparon de estos hechos al gobernador y a los grupos armados que ingresaron a esta zona fronteriza tras la matanza en Kumarakapay.

Los pemones explicaron que la Gran Sabana debe declararse tierra ancestral de los pueblos originarios Arekuna, Taurepan y Kamarakoto. “Están reconocidos en la Constitución los tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República para beneficio de comunidades e indígenas con herencia ancestral y tradicional. Luego vendrán los demás mecanismos de defensa jurídica nacional e internacional”, finalizó el escrito.

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