ONG Fundaredes: «Alcabalas se apoderaron de las rutas fluviales en Amazonas»

Según una investigación de la ONG, se contabilizan 44 alcabalas ilícitas controladas por civiles y militares en la ruta Atabapo-Alto Orinoco. Dueños de embarcaciones y viajeros indígenas denuncian revisión arbitraria y decomiso de su mercancía

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Las alcabalas militares y puestos de control de civiles son los principales obstáculos para los que viajan a los municipios de Amazonas. Foto: cortesía.

Puerto Ayacucho.- 44 alcabalas fueron instaladas de manera ilegal en la ruta fluvial que conduce a los municipios del interior del estado Amazonas, según denuncia de la organización Fundaredes. La ONG resalta en su informe semanal que la anarquía crece y antes de finalizar el 2020 pretenden instalar 10 nuevos puestos.

En días pasados el vicario apostólico de Puerto Ayacucho, monseñor Jonny Reyes, denunció ante los medios de comunicación que «37 puestos de control obstaculizaban el paso fluvial a los municipios». Señaló que civiles y foráneos controlan la zona sin supervisión ni pronunciamiento de las autoridades.

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El religioso hizo estas aseveraciones luego de recorrer Autana, Atabapo, Alto Orinoco y Río Negro en una misión salesiana, mediante la que pudo constatar la difícil situación que viven los indígenas, quienes son obligados a entregar alimentos y otras pertenencias por quienes controlan las alcabalas para poder transitar libremente.

Por su parte, el coordinador de Fundaredes en Amazonas, José Mejías, dijo a El Pitazo este martes, 15 de diciembre, que los puestos de control señalados son las mismas alcabalas que dominan los militares. Precisó que a los 37 contados la semana pasada se le suman 7 que están en la ruta Atabapo-Alto Orinoco.

«Un total de 44 alcabalas se han instalado en la ruta fluvial que conduce a los municipios; militares y civiles utilizan estos puestos para el matraqueo, roban de frente a las embarcaciones y, sobre todo, a los indígenas. Las denuncias se han formulado en las instituciones competentes y nada ha pasado», indicó Mejías.

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El luchador social destacó que han asesorado y acompañado a los perjudicados al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi). «Los afectados en su mayoría son indígenas y necesitan que las autoridades intervengan para que esto no siga ocurriendo», expresó.

Lilisol Santiño Cancio, del pueblo uwottüja, reveló que fue víctima de matraqueo de militares y civiles en su viaje a Atabapo. «Me quitaron casi todo lo que traía. Los militares creyeron que venía de las minas y revisaron hasta lo que no debían. En el camino también hay puntos creados por hermanos indígenas quienes aprovechan la situación», reiteró.

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