Olnar Ortiz: »El pueblo pemón sigue herido gravemente igual que Venezuela»

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El 23 de febrero se cumplieron seis meses de una tragedia que aún llevan a cuestas los indígenas pemones que viven en la Gran Sabana, una masacre que hasta la fecha no tiene culpables y por la que los principales líderes opositores de esta zona se encuentran exiliados en Brasil.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos fue una de las instancias a donde este caso llegó. Sus voceros fueron las propias víctimas acompañadas de representantes del Foro Penal, entre ellos el coordinador de Pueblos Indígenas, Olnar Ortiz, quien presentó un informe y pudo dar testimonio de lo ocurrido.

A continuación la crónica de Ortiz, redactada a propósito de los seis meses de la matanza en Santa Elena de Uairén:

Viernes 22 de febrero, 7:45 am. La última llamada que recibí saliendo desde Puerto Ordaz antes de adentrarme en un viaje cuyo final desconocía, era Alfredo Romero desde Caracas preguntando consternado qué había ocurrido con una comunidad Pemón. Me decía que en Twitter hablaban de 2 indígenas asesinados.

Recuerdo ese día como el comienzo del terror. Días largos, llenos de horror, incertidumbre e incluso asombro, algo que nunca se había observado en el país. Una cruel represión contra indígenas indefensos que solo exigían respeto y que tenían como únicas herramientas de defensa las que ancestralmente les habían legado sus antepasados.

Luego de la llamada, llegando a San Félix, logré comunicarme con Ricardo Delgado, uno de los líderes Pemón de la comunidad de Kumarakapay, que horas antes había manifestado su descontento con la llegada de varios convoys de las Fuerzas Armadas que estaban a 2 km de la entrada de San Francisco de Yuruaní, cuyo objetivo era trancar la frontera para impedir el ingreso de la Ayuda Humanitaria al país por el Punto Roraima, proveniente de varios países del mundo.


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Ricardo, entre la mala señal que se escuchaba entrecortada, me dijo: “Olnar, denuncia, ocurrió una tragedia, Zoraida fue asesinada y hay varios heridos graves. Estamos tratando de trasladarlos a Santa Elena”.

Logrando entrar a Guasipati varios mensajes me empiezan a llegar de periodistas amigos para verificar la noticia. Me limitaba a decir que era cierto por cuanto en ese momento todavía no tenía precisado el número de víctimas. Pasadas las diez de la mañana se restableció la señal. Ricardo me informó: “Olnar, una asesinada y 14 heridos por armas de guerra, varios de ellos graves, el ejército nos atacó con Fal”.

En el transcurrir de las horas, mensajes me llegaban al celular cuando había señal, unos preguntado sobre la noticia, otros de amigos de Santa Elena y otros de Ricardo desde Kumarakapay, informando lo que estaba sucediendo.

Zoraida, la primera víctima

Ya pasadas las diez de la mañana comienzan a llegar las víctimas de Kumarakapay a Santa Elena, Zoraida seguía en la comunidad. Me relata días más tarde la enfermera de la comunidad, Cirila Delgado, llorando, que Zoraida era su hermana, que ella al verla le aplicó todas las técnicas para revivirla porque tenía la esperanza que no muriera, pero lamentablemente Zoraida ya estaba sin signos vitales. El disparo que recibió fue mortal.

Ese mismo día, en la comunidad de Manak Kru y en las adyacencias del aeropuerto de Santa Elena, al conocer la noticia manifiestan su impotencia, y la respuesta del Estado fue atacar el puesto de vigilancia de la guardia territorial de Manak Kru hiriendo con armas de fuego a dos indígenas.

Entre tanto, ya en la tarde, la situación en el sector Escamoto era tensa y algunos indígenas pemones, afectos al Gobierno, comenzaron a lanzar flechas contra los pobladores y alcanzaron a un joven piloto oriundo del estado Amazonas, que luego fue intervenido para sustraer la flecha en el hospital de Santa Elena aplicando los conocimientos ancestrales de uno de los enfermeros, para remover la flecha, porque este hospital carecía al momento de rayos x y no sabían la magnitud ni profundidad de la herida.


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Pasadas las 4:30 pm logro llegar a Kumarakapay, una vez me dispongo a bajar del vehículo me reconocen algunos hermanos indígenas y me informan de lo sucedido y me trasladan a conversar con el general de la Guardia Nacional, Montoya, que ya se encontraba en la comunidad desde temprano tratando de mediar. Me presentan como el abogado de la comunidad, logré conversar con él sin llegar a ninguna solución concreta. Le sugerí que, si él quería evitar una tragedia mayor, evitara el ingreso de más de 15 autobuses y de una gran cantidad de vehículos militares que se dirigían a Santa Elena.

Así transcurrieron las horas, ya en Santa Elena la situación de manifestación de los lugareños y los indígenas de las comunidades alrededor de Santa Elena era sumamente tensa. Los pobladores exigían justicia y respeto ante lo ocurrido en Kumarakapay, además manifestaban a favor de la entrada de la ayuda humanitaria.

El sábado 23 de febrero, a las 10:30 am, los diputados de la Asamblea Nacional tomaron la decisión de hablar con los lugareños en la plaza de Santa Elena. Deciden dirigirse a la línea fronteriza por lo que empiezan a avanzar a pie hasta las afueras de Santa Elena, para luego trasladarse en vehículos de los pobladores que facilitaban la movilización hasta unos 2 kilómetros de distancia del Escamoto.

Horas de enfrentamiento entre pueblo y uniformados

12:30 pm. Se empiezan a caldear los ánimos ante el sol inclemente. De las bombas lacrimógenas que disparaba la Guardia Nacional Bolivariana contra los manifestantes los gases no llegaban porque la brisa no permitía que se expandiera. Por ello se empiezan a escuchar las primeras detonaciones por armas de fuego. Los manifestantes, a pesar de haber logrado avanzar un buen espacio para cruzar, tuvieron que correr para protegerse.

1:30 pm. Decido retirarme a tomar agua con un grupo de 20 personas a San Valentín, una de las comunidades cercanas, por cuanto nadie cargaba agua. Y es allí cuando se escuchan los estruendos de las múltiples detonaciones. “¡Una guerra!”, alguno de los presentes exclamó. Vi a la primera víctima: Una mujer que era llevada en una moto.

Desde ese momento tomamos la decisión de trasladarnos al hospital “José Zurita”. Al llegar, uno de los médicos me reconoció y me dejó ingresar. Ya en ese momento había otra víctima fatal, José Hernández, quien había sido alcanzado por una detonación en la cabeza en el centro de Santa Elena.


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Estando dentro del hospital observé cómo se llevaba la cuenta de los que ingresan. En la puerta principal se fijó una hoja en blanco, se colocaba un número e identificaban el género. A las personas le colocaban el mismo número con que ingresaban en el antebrazo para no equivocarse y saber el número exacto de los heridos. Entre las dos y las cuatro de la tarde, la emergencia del hospital había colapsado. Había sangre por todos lados, ver a los familiares que llegaban buscando información era cada vez más doloroso.

4:30 pm. Se escuchan unos disparos y con ellos unos gritos de terror, era el primer ataque que sufría ese día el hospital contra las personas que estaban afuera. Se corre la voz: “Son los colectivos, cierren las puertas”. Al poco tiempo decide salir uno de los galenos a dirigirse a los periodistas que se encontraban en el hospital. Exige respeto por los heridos y seguridad para el personal. Mientras tanto, siguen llegando heridos.

5:30 pm. En ese momento gritan que llegó otro herido. Se para una camioneta frente la puerta de emergencia del hospital y comienzan a bajar agua potable, materiales médicos, alimentos para los heridos y personal, cobijas y toda clase de insumos que ayudaran a los que ya estaban en el hospital. Y es que los pobladores y comerciantes decidieron organizarse y apoyar a su gente ante tanta tragedia. Muchos de ellos sabían que estaban manifestando por respeto a los hermanos pemones de Kumarakapay y por la entrada de la ayuda al pueblo venezolano.

6:30 pm. Nos mantenemos en tensa calma. De pronto, personas comienzan a correr y se empiezan a sentir gases lacrimógenos. Era el refuerzo de la Fuerza Armada Nacional que llegaba a Santa Elena. Disparaban bombas lacrimógenas al estacionamiento del hospital donde estaban los familiares de los heridos y fallecidos. Los heridos que allí estaban empiezan a desesperarse, ahogados con los gases. Ya a esa hora se había logrado trasladar a 8 heridos a Boa Vista.


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9:00 pm Santa Elena era una suerte de pueblo sin ley, se escuchaban detonaciones por armas de fuego. Se veían tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana, convoys, camiones, camionetas de último modelo escoltadas por motorizados con pasamontañas y encapuchados.

Al día siguiente, las noticias que llegaban por grupos de WhatsApp eran más aterradoras, porque a las personas le deba temor salir a las calles. Se produjeron allanamientos ilegales a casas y comunidades indígenas. A toda persona que detenían y que tuviese en su dispositivo móvil videos y fotos de lo ocurrido la privaban de libertad. Los detenidos fueron trasladados al Escamoto y a otros comandos de la Guardia Nacional Bolivariana.

El lunes anunciaron la llegada del fiscal superior, con un fiscal nacional, la directora regional de la Defensa Pública y representantes de la Defensoría del Pueblo, porque habían decidido instalar un tribunal accidental en el Escamoto para las personas que estaban privadas de libertad.

Desaparecidos y detenidos

Ya las noticias, el martes en la mañana, eran de un gran número de personas que daban por desaparecidas, muchas porque no sabían si estaban detenidas, asesinadas o simplemente habían decido irse a la montaña a resguardarse. Los primeros nombres de los detenidos confirmados eran los 9 pemones de Kumarakapay que habían privado de su libertad el sábado 23 de febrero a las cuatro de la tarde, cuando una comisión, que se presumía de funcionarios del Estado, encapuchados, fueron a buscar a Montoya y a sus escoltas, también se llevaron detenidos a Ernesto, el segundo capitán de la comunidad, y a otros 8 indígenas.

El miércoles 27 de febrero, a las seis de la mañana, nos llega la noticia de que se llevaron detenidos a tres pemones más del aeropuerto. Ya el número de detenidos había aumentado a más de 44 personas, entre ellos 4 menores de edad. Ese mismo día, a las tres de la tarde, se rumorea que los pemones van atacar al Escamoto, pero eso no pasó. A las nueve de la noche obtuvimos la información de que liberaron sin presentación a varios indígenas, todos golpeados y maltratados. Les prohibieron hablar con los periodistas.

El jueves 28 de febrero, 10 de la mañana, liberaron a los dos últimos menores de edad detenidos por las gestiones del Comité de Pueblos Indígenas del Foro Penal. Fueron las únicas acciones que logramos realizar, porque no nos fue permitido ejercer la defensa de ningunas de las personas privadas de libertad. La excusa era que en el lugar había abogados de la defensa pública que se encargarían de los procedimientos. No les permitieron ser asistidos por sus abogados de confianza.

Ese día, el fiscal superior de Bolívar, Orlando Ocando, me señaló como “operador político”, desconociendo mi labor como defensor indígena y abogado, colocándome en una situación de vulnerabilidad, porque ya para esa fecha todos los que habían identificado responsables de esos días, algunos estaban privados de libertad, y los otros habían decidido refugiarse en la frontera con Brasil. Decidí trasladarme a la frontera de Brasil.


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Una vez en Pacaraima, fuimos recibidos por el ejército brasileño y por representantes de Acnur. Le daban atención médica al que lo requería, hidratación, e información para comenzar los trámites de refugio.

Decidí trasladarme a Boa Vista, ese mismo día. Era jueves 28 de febrero, un día antes de la noticia que recibimos desde esa ciudad de nuestra compañera coordinadora de Foro Penal, era que Klever había fallecido. Nunca borraré de mi mente la imagen de Melaní, esposa de Klever, con sus dos hijos llorando al lado del féretro de Klever.

Pasa el viernes 1 de marzo y se logra trasladar el cuerpo de Klever a la frontera. Deciden sus familiares no enterrar su cuerpo en Kumarakapay, porque todos tenían temor de que al llegar a Venezuela pudieran ser detenidos. El sábado 2 de marzo en la mañana recibí otra llamada, que me indicó que Rolando falleció en la UCI. Rolando era el esposo de Zoraida, la primera asesinada por agentes del Estado, recibió varios impactos de bala, porque al ver caer a Zoraida corrió a tratar de salvarla.

Domingo 3 de marzo. Llegando al hospital me llama uno de los médicos que, siendo brasileño, asumió su compromiso de ayudarnos como un venezolano más, me informa que falleció otra persona que estaba en la UCI. Era Jorge González, oriundo de Upata, y que había decidido ir a Santa Elena y luego a Pacaraima a comprar unos repuestos para su carro.

Al final de toda esta semana, terminamos con un total de 7 personas asesinadas, 43 personas heridas por armas de fuego, y más de 60 detenciones arbitrarias. Ninguna de estas detenciones era de los militares que habían disparado contra los pemones de Kumarakapay.

Ya, para el jueves 28 de febrero, cuando crucé la frontera, la primera denuncia y solicitud de lo que se estaba viviendo en Gran Sabana, tiene una respuesta positiva. Me llama Gonzalo Himiob y me dice: “Olnar, logramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas de protección a favor del pueblo Pemón de Kumarakapay” (Resolución 07-2019, medidas 181-19).

Ya para los primeros días de marzo, se escuchaba con fuerza que una comisión de la ONU vendría a Venezuela. Alfredo Romero, me llamó y dijo que íbamos a denunciar y a solicitar que se traslade esa comisión a Brasil. Vi con sorpresa unos días más tarde que una comisión paralela de la ONU fue a Brasil a verificar la situación de los pemones. Ya con esta era la segunda institución de DDHH que ejercía acciones con relación a la masacre de Kumarakapay.

Una vez que llegó la comisión de la ONU a Brasil, se trasladó a los hospitales, a las casas donde se habían refugiado los pemones que habían dado de alta y los familiares de los que quedaban para ser operados, al igual que a las comunidades en la frontera. Los representantes conversaron con los capitanes, niños, familiares, víctimas y a pesar de que por su trabajo no les permitían entrar en contacto con los que nos encontrábamos en algunos lugares donde coincidimos, en una ocasión logré observar cómo en sus rostros se reflejada la indignación que sintieron al conversar con las hijas de Zoraida y Rolando, cuando les relataban lo que había pasado la mañana del 22 de febrero, cuando su mamá fue asesinada por el ejército venezolano.

Ya había pasado una semana luego de haberse retirado la comisión de la ONU en Brasil y Venezuela, y me informa Alfredo Romero que por intermedio y con el apoyo del Foro Penal, la Fundación RFK, quería viajar a Brasil “¿Puedes acompañarles en su visita?» –me preguntó. Acepté. Ya con la Fundación, y con los hermanos del Consejo Indígena de Roraima / CIR, estábamos avanzando mucho más en las denuncias. Y es allí cuando nos notifican que fuimos convocados para la sesión 172 del Periodo de Sesiones de la CIDH en Kingston, Jamaica, para dar seguimiento a las medidas cautelares 181-19 decretadas a favor de los indígenas. Allí estuvimos representando a nuestros hermanos indígenas.

Una vez culminó la sesión de la CIDH, me envían un email preguntándome si podía participar en el EMRIP. Este es el segundo mecanismo más importante de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, y es así como en julio se emprende el viaje a Ginebra, a denunciar no solo lo ocurrido en Kumarakapay, que ya había sido considerado por la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU en su informe del 5 de julio, dedicando un capítulo al tema, sino denunciando también la represión y violación sistemática de los DDHH contra el pueblo indígena de Venezuela.

Han sido largos los días para el pueblo Pemón de Kumarakapay. Luego de lo ocurrido el 22 de febrero, muchos aún permanecen en Brasil por temor a regresar a su comunidad, otros, con miedo, han regresado, obligados por la situación económica que, a pesar del apoyo de ACNUR, que no es suficiente, aún los somete a carencias y limitaciones muy graves. Contamos 966 pemones que cruzaron la frontera en su momento por angustia, pánico y amenazas a sus vidas, todos provenientes del municipio Gran Sabana de 14 comunidades indígenas, casi 47% eran menores de edad.

Los días por transcurrir no son muy alentadores. Las noticias son cada vez más difíciles, sigue la militarización del municipio Gran Sabana, la toma de posesión de la alcaldía por un concejal afecto al gobierno, por cuanto el alcalde electo no pudo volver a ejercer su cargo, la violencia en las comunidades por parte de los “Kanaimeros”, y la persecución siempre están a la orden día para algunos lugareños, con cierre de comercios, y detenciones, allanamientos en las comunidades y sobre todo explotación de terceros de las comunidades indígenas ¿Cuál es la razón de ello? El oro.

El Comité de Pueblos Indígenas del Foro Penal se ha dedicado desde el primer momento al trabajo del ejercicio legal y denuncia internacional de lo que ocurrió. Ya dos órganos de protección internacional se pronunciaron. Queda ahora otro trabajo, el de llevar todos estos delitos a la Corte Penal Internacional. La masacre de Kumarakapay es un Crimen de Lesa Humanidad, que no debe quedar impune. Jamás debemos olvidar lo que pasó.

Kumarakapay, hoy día es Venezuela, una Venezuela que exige que se haga Justicia, que estos delitos que cometieron militares de nuestra patria no queden impunes. Hoy el Pueblo Pemón sigue herido gravemente, al igual que Venezuela. Pero también si algo sé como indígena, es que los Pueblos Indígenas somos nobles y guerreros, y de esta tragedia se levantarán con más fuerza mis hermanos pemones, y así como ellos renacerán, también renacerá una nueva Venezuela digna, donde se respeten los derechos humanos, exista estado de derecho y donde se respire Paz y Libertad.

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