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sábado, 25 mayo, 2024

Nuevo informe de Bachelet pone en relieve la violencia en las minas de Bolívar

El documento expone detalladamente las violaciones de Derechos Humanos de las cuales son víctimas las personas que practican la minería ilegal en el perímetro del Arco Minero del Orinoco. Asesinatos, amputaciones, desapariciones, prostitución y particulares “castigos”

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Ciudad Guayana.- La violencia, anarquía y violación a Derechos Humanos ocurridas en el Arco Minero del Orinoco (AMO), una zona de desarrollo estratégico creada en febrero de 2016, fueron documentadas por la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh), Michelle Bachelet, en un reciente informe publicado el 15 de julio.

La oficina de Bachelet contabilizó 16 enfrentamientos violentos entre grupos por el control de territorios mineros dentro del AMO o en sus alrededores entre marzo de 2016 y marzo de 2020, y advirtió que en esos hechos murieron 140 hombres y 9 mujeres. Acnudh dijo haber solicitado al Gobierno venezolano información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta.

Acnudh aseguró que, según sus informantes, “es frecuente que cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas” y sostuvo que se documentaron cinco casos de personas que habían desaparecido mientras trabajaban en las minas entre 2016 y 2020.

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La información que suministró Acnudh en el texto público, confirma los testimonios de mineros y pobladores de las zonas sureñas de Bolívar, quienes señalan a grupos armados de tener el control de los espacios de explotación minera, una situación que ocurre desde 2011, y que creció en 2015. Acnudh dijo haber recibido datos que muestran que, en “fecha más reciente”, elementos irregulares armados han tomado el control de ciertas minas en la parte central del estado de Bolívar y también en la parte oriental, cerca de la frontera con Guyana.

“Son estos (grupos) los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, detalló el documento.

En 2016, un asesinato múltiple de mineros le puso rostro al descontrol y la anarquía minera, situación que para entonces parecía ser un secreto a voces: la masacre de Tumeremo, un hecho en el que fueron asesinados 17 mineros y luego enterrados en una fosa común cerca de una mina del municipio Sifontes.

El documento que respalda Bachelet también revela que “en las minas se les exige que paguen entre el 10 y el 20 por ciento del mineral extraído a los grupos criminales o elementos armados, y alrededor del 15 al 30 por ciento al propietario del molino donde se trituran las rocas para la extracción de oro.”

También queda registrado en el informe la explotación sexual y la trata de personas en las zonas mineras, incluso de niñas adolescentes. Además, señalaron que niños y niñas de tan solo nueve o diez años trabajan en las minas. Otra repercusión grave sobre la salud y el medio ambiente en el AMO es la contaminación por el uso del mercurio en la extracción del oro.

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