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domingo, 7 agosto, 2022

Muerte, exilio y contrabando: a un mes del cierre de la frontera de Venezuela y Brasil

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Un silencio ensordecedor, el recorrido a pie y con la maleta a cuestas de 15 kilómetros, el paso impedido diariamente para 7.500 personas y una economía paralizada es lo que va dejando el cierre de la frontera de Venezuela con Brasil, que hoy cumple un mes.

Caciques pemones en el exilio siguen sin poder tomar el control de sus comunidades, mientras que militares se mantienen desplegados en cinco alcabalas que van desde el fuerte Eskamoto hasta “las banderas” donde limitan estas dos naciones.

| Foto: Glorimar Fernández

Del otro lado, permanece vigilante el Ejército brasilero, recibiendo a los caminantes con agua y comida, y atentos ante cualquier eventualidad. Este 22 de marzo prohibieron, hasta nuevo aviso, el ingreso de gandolas que llegaban en la noche desde Venezuela y regresaban cargadas en la madrugada, tras comprobar que eran de altos funcionarios del Gobierno.

De las arremetidas ocurridas el 22 y 23 de febrero resultaron siete personas asesinadas. Zoraida Rodríguez (46), indígena pemona, fue la primera víctima. Recibió tres tiros de FAL en el pecho y murió a los minutos de ser atacada.

La víctima, madre de cinco hijos que actualmente se encuentran refugiados en Brasil luego de quedar huérfanos, preparaba una masa cuando vio cómo guardias nacionales llegaron disparando a la localidad de Kumarakapay en la Gran Sabana tras ser rebotados varias veces por la Guardia Territorial de los indígenas. Buscaban acceso a Santa Elena de Uairén para frenar el ingreso de ayuda humanitaria, eso fue el 22.

La mujer estaba en compañía de su esposo, Rolando García (52) y su hermano, Guillermo Rodríguez. Los guardias nacionales llegaron disparando a mansalva y Zoraida se levantó para desafiarlos con su palabra. Les dijo: “Ustedes no están para esto”. Uno de los uniformados se separó del grupo, se acercó a ella y a una distancia de 10 metros le hizo tres disparos. Rolando salió a defenderla y fue alcanzado por otro proyectil en el abdomen, que le perforó el hígado.

| Foto: Glorimar Fernández

Guillermo y otros vecinos cargaron a la pareja hasta el ambulatorio de la zona, donde Zoraida falleció en brazos del doctor René Alí. Su esposo murió a los días en un un hospital de Boa Vista, al igual que el guía turístico pemón Klever Pérez (24).

El equipo de El Pitazo tuvo acceso al área donde permanecía el cadáver de la mujer, aun con masa en las manos, y eran evidentes las tres heridas de proyectil en el pecho. Esa noche Jorge Arreaza declaró ante la ONU que había muerto en manos de sus propios coterráneos por heridas de flecha y arma blanca.

Transcurrieron 13 horas para que llegara una comisión de forenses y del Cicpc levantar el cuerpo.

Foto: Glorimar Fernández

Jorge González Parra (40) era chofer y natural de Upata. El 23 de febrero quedó atrapado en la capital del municipio Gran Sabana debido a los disturbios; conducía su camión en busca de refugio cuando fue interceptado por guardias nacionales que lo persiguieron y le dispararon. Estos hechos quedaron grabados en un video que se hizo viral por las redes sociales. El vehículo apareció calcinado en el sector La Planta.

También fueron asesinados José Hernández (25), José Pérez (20) y José Barrios (23). De las diferentes arremetidas se contabilizó más de una veintena de heridos por arma de fuego.

| Foto: Glorimar Fernández

Fiscales del Ministerio Público fueron comisionados para investigar estos hechos. Hubo 58 detenidos, entre ellos 16 indígenas por presuntamente ser los responsables de las muertes. Ningún militar fue aprehendido.

“Nos mataron en nuestro propio patio”

Guillermo Rodríguez, el hermano de Zoraida, vive con miedo desde estos sucesos. En Kumarakapay todavía se lloran estas muertes.

“Nunca había visto esta acción por parte de los militares. Yo personalmente condeno esta actitud. Nos mataron en nuestro propio patio; a Zoraida la mataron en la puerta de su casa. Ellos vinieron a matarnos”, declaró.

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El familiar de la indígena fue testigo de que los guardias, debidamente uniformados, fueron los que dispararon en Kumarakapay. Tanto él como otros moradores cuestionaron que estos pistoleros hayan sido militares de carrera. Opinaron en su mayoría que se trataba de grupos de irregulares vestidos como tales.

| Foto: Glorimar Fernández

Yulita González era amiga de Zoraida. Ella la describió como una persona tranquila, tradicional y fiel a su cultura; dijo que igual era su esposo. “Venían a matarnos y no por la ayuda humanitaria; esa era una excusa porque la verdad es que aquí hay oro y diamantes. Quieren acabar con nosotros, esta era solo una excusa”, dijo.

Relató también que la fallecida llevaba varios años haciendo pasteles y café y que buena parte de sus clientes eran militares que se estacionaban frente a su negocio para desayunar. En la fachada de su quiosco quedaron los hoyos de las balas.

Foto: Glorimar Fernández

La ayuda que nunca llegó

Una comisión de diputados de la Asamblea Nacional llegó a Santa Elena de Uairén en medio de la arremetida de la Guardia Nacional en Kumarakapay el pasado 22 de febrero. Venían dispuestos a recibir la ayuda humanitaria proveniente de Brasil. Terminaron huyendo, pues efectivos castrenses penetraron con tanquetas en el hotel donde se hospedaban a fin de detenerlos.

Mientras ocurría la matanza en Kumarakapay, los parlamentarios se encontraban en el aeropuerto de Santa Elena junto al alcalde Emilio González. Por aire también llegaron militares armados disparando contra ellos; pretendían tomar este punto de despegues, pero fueron correteados por los escoltas del mandatario local.

| Foto: Glorimar Fernández

Al día siguiente, el 23 de febrero, partieron hacia la frontera para recibir los insumos, pero fueron frenados en el fuerte Eskamoto por militares, quienes estaban en compañía de un grupo de alrededor de 50 encapuchados identificados como colectivos afectos al régimen de Nicolás Maduro. Los corrieron a fuerza de gas lacrimógeno, lo que ocasionó que los pobladores se reunieran en grupo y con piedras, bombas molotov y de pintura se enfrentaran a ellos para que los dejaran pasar.

En pleno enfrentamiento, que comenzó esa mañana, civiles y militares se subieron a unos árboles que estaban a un costado de la carretera donde se desataba la protesta y comenzaron a disparar.

| Foto: Glorimar Fernández

José Hernández fue el primero en caer con un tiro en la cabeza, a pesar de que lo socorrieron en seguida y lo trasladaron en moto al hospital. Rosario Vera Zurita falleció porque no había insumos con que atenderlo. Después de él resultaron baleadas casi una docena de personas.

A partir de este hecho transcurrieron otros dos días de anarquía en Santa Elena de Uairén. Hubo detonaciones; altos funcionarios del Gobierno de Maduro llegaron a dirigir las operaciones militares y comenzó la persecución a indígenas.

| Foto: Glorimar Fernández

Vivos o muertos, y aún no aparecen

La orden emanada desde Miraflores fue encarcelar al alcalde Emilio González y a ocho caciques indígenas. Para ello activaron a grupos de civiles armados que tomaron las estaciones de la Guardia Territorial de los pemones, la sede de la Alcaldía y otras dependencias y residencias de los nativos.

A los perseguidos no les quedó de otra que huir por las montañas hacia Brasil, donde permanecen hasta la fecha. Se tenía previsto que este fin de semana González se reuniera con la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que llegó a Santa Elena de Uairén el jueves 21 de marzo para verificar la situación que actualmente se vive en esta localidad del estado Bolívar.

Desde la clandestinidad, los caciques siguen manifestándose y enviándole palabras de aliento a la población indígena. Fueron ellos los que advirtieron la presencia de sicarios que tomaron la localidad con una lista en sus manos en la que aparecían sus nombres. Tenían órdenes de capturarlos vivos o muertos. Ya cumplieron un mes sin poder regresar a sus casas.

| Foto: Glorimar Fernández

Reportes de organizaciones políticas en Venezuela indican que seguidos de los líderes pemones, 800 indígenas han huido a la nación vecina tras sufrir amenazas y ser perseguidos.

Envueltos en sus costumbres ancestrales

Horas después del tiroteo del 22 de marzo, en medio del desconcierto que reinaba en Kumarakapay, caciques que no tenían idea de la cacería que les esperaba edificaban un plan para impedir el ingreso de los 3.000 funcionarios de la Guardia Nacional que se aproximaban. En unos autobuses iban grupos que al siguiente día fueron identificados como colectivos.

Esa tarde se apersonó el propio comandante general de la Guardia Nacional en el estado Bolívar, general de brigada José Miguel Montoya, para mediar con los indígenas.

Los caciques lo detuvieron junto a sus dos escoltas tras responsabilizarlo de los crímenes que habían ocurrido en la mañana. En presencia del equipo de El Pitazo, los desarmaron mientras se comunicaban con otros líderes indígenas para asegurarse de que no habían causado el mismo daño en otras comunidades.

No lo iban a dejar ir hasta que todo estuviera en orden. Durante un intento de negociación entre el general y el líder indígena Ricardo Delgado, este le advirtió que detrás de los sucesos recientes había incontables “actos de maldad” perpetrados por el régimen de Maduro, entre ellos “rituales de mucha oscuridad” que ese y los días por venir “se enfrentarían a las fuerzas de la naturaleza que habitan la Gran Sabana”. Delgado y otros caciques vaticinaron al general delante de varios indígenas el desencadenamiento de sucesos, muchos de ellos de causa natural, que les acontecerían a todos aquellos que continuaran dañando al pueblo pemón.

Partiendo de las costumbres ancestrales que practican nativos, los caciques se pronunciaron sobre la caída de la avioneta Cessna 206, siglas YV 1801 el pasado 11 de marzo, suceso en el cual fallecieron los coroneles José Silvestre Granja y César Paul Padrino Bruzual.

Cuando la avioneta se precipitó en plena selva, los militares aún se encontraban con vida. En la aeronave también iban otro coronel y un sargento, quienes les prestaron los primero auxilios a las víctimas y dejaron evidencia audiovisual de todo lo ocurrido. En los videos se nota el rostro de uno de los lesionados cubierto de bachacos mientras le era enderezada una de sus piernas fracturadas con palos.

Fuentes extraoficiales detallaron que la avioneta estaba repleta de oro que había sido extraído de las minas que eran manejadas por los indígenas. “La naturaleza habló en ese momento y se seguirá pronunciando más adelante en su contra; ya veremos”, fue el pronunciamiento que hizo vía Whatsapp uno de los jefes pemones, que permanece exiliado.

El alcalde fue destituido y en su lugar fue impuesto un hombre apodado el “Gago”.

Aguardan el desenlace

La apatía y el miedo reinan entre pobladores de Santa Elena. A la par de esto, ministros visitan la localidad casi a diario. Recientemente se apersonó el de Educación, Aristóbulo Istúriz, a hacer entrega de insumos para el liceo Wadaka Piapó. Durante su discurso culpó a los maestros de esta zona fronteriza por la migración de 1.200 estudiantes venezolanos hacia las escuelas de Brasil. Los criticó porque no pudieron “inyectarles el patriotismo” como lo han hecho en los planteles de Caracas.

La Gobernación de Bolívar anunció que se realizó una jornada de asfaltado justo en el tramo de la Troncal 10 que va desde el fuerte Eskamoto a Brasil, actividad que se realizó mientras parte de las 7.500 personas que según sus cifras transitan por allí diariamente pagan sumas que van desde los 50 a los 100 reales brasileños para usar los caminos verdes, que están severamente custodiados por militares.

Mientras tanto, comerciantes venezolanos que traen comida del país vecino por estas trochas venden los productos hasta seis veces más caro. Enfermos crónicos solo pueden pasar con la receta debidamente sellada por médicos del hospital y quienes regresan con bultos de comida e insumos deben dejar al menos un refresco en cada alcabala para que los guardias nacionales les permitan pasar.

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