Indígenas en Amazonas piden frenar explotación minera en Parque Nacional Yapacana

Habitantes del municipio Atabapo denuncian que grupos irregulares buscan trasladar un tractor de altas capacidades para expandir la minería ilegal. En un escrito solicitaron el apoyo de la armada venezolana para cerrar el paso

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Indígenas de Atabapo solicitan apoyo de las Fuerzas Armadas para cerrar el paso fluvial hacia las minas del Yapacana. Foto: Mickey Véliz

Puerto Ayacucho.- Luego de la deforestación de la zona protectora del Parque Nacional Yapacana, por las minas que han creado de forma clandestina, habitantes del municipio Atabapo denunciaron este viernes 25 de septiembre que grupos irregulares buscan transportar un tractor tipo «oruga» para continuar con la explotación del oro en esa zona.

Un habitante de San Fernando de Atabapo, que no quiso identificarse por temor a represalias, detalló que enviaron una misiva a la Armada venezolana con la denuncia y solicitan el apoyo de los funcionarios castrenses para cerrar la boca del río Orinoco con el fin de evitar el traslado de la máquina.

“Alertamos a las autoridades de esta situación que se presenta en el Yapacana, donde hay varias minas clandestinas que son dominadas por grupos irregulares. No podemos seguir callando, la fuerza armada debe intervenir y cerrar el único paso que tienen para trasladarse hacia esa zona”, comentó la fuente.

Asimismo, aseveró que denunciar es un derecho establecido en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (Lopci). “Queremos impedir el acceso de mineros, comerciantes y sobre todo de grupos irregulares que destruyen la selva y nos perjudican con la contaminación de nuestros ríos”, enfatizó.

La fuente consultada por El Pitazo reveló además que varios líderes de Piedra Blanca y otras comunidades de Atabapo han recibido amenazas de estos grupos por fijar posición sobre el traslado del tractor, por lo que se sienten vulnerables y temen que actúen en contra de ellos y sus familiares.

Los indígenas esperan la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y otras instituciones del Gobierno Nacional para que velen por la seguridad de todos, además de la vigilancia y el resguardo del Parque Nacional Yapacana por el impacto ambiental que ha ocasionado la explotación minera.

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