Ciudad Guayana.- La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía denunció al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Félix, estado Bolívar, por allanamiento, tortura y detención arbitraria Alexander Marcano, habitante del sector Altamira en la misma ciudad el pasado 17 de septiembre.
“El ciudadano Alexander Marcano, habitante del sector Altamira de San Félix, estado Bolívar, fue víctima de allanamiento ilegal, amenazas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, el pasado viernes 17 de septiembre de 2021. Fuentes afirmaron a Codehciu que funcionarios del Cicpc querían obligarlo, bajo tortura, a atribuirse hechos delictivos de los que era inocente”, indicó la ONG a través de una nota de prensa.
De acuerdo con el relato de Codehciu, seis funcionarios adscritos a la brigada contra robo se presentaron en la casa de Marcano, a las 2:00 p.m., sin orden de allanamiento ingresaron a la vivienda en donde estaba su esposa y su hija de ocho meses y amenazaron con un arma de fuego a su tío, de la tercera edad.
“Los funcionarios (de los cuales cuatro no cargaban uniforme ni identificación) no encontraron ningún elemento de interés criminalístico, por lo que decidieron la detención arbitraria de Marcano, el cual fue trasladado a la sede del Cicpc en San Félix”, detalló Codehciu.
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El carro de Marcano aparece en un video de seguridad en un lugar donde ocurrió un robo recientemente, por este motivo fue retenido por los funcionario, pero fuentes aseguran a Codehciu que es la ruta que toma a diario para llegar a su casa.
Marcano estuvo durante cuatro horas sometidos a torturas y tratos crueles en la sede del organismo policial, hasta que fue liberado, pero para regresarle el vehículo le pidieron dos mil dólares.
“Fue esposado con las manos en la espalda desde las 2:00 hasta las 6:00 pm de ese viernes 17 de septiembre. En el trayecto hasta la sede del Cicpc fue golpeado en la cabeza, cuello y estómago. Fuentes narraron a Codehciu que cada vez que la víctima expresaba que era inocente la obligaban a atribuirse el delito de robo con el uso de la fuerza física y la intimidación”, mencionó la organización.
El hombre denunció ante el Ministerio Público la violación a sus derechos humanos, en donde le realizaron el examen médico correspondiente. Hasta el momento espera por respuesta de las autoridades, no le han regresado su vehículo y teme por la situación que vivió.
“Codehciu exige al Ministerio Público el esclarecimiento de los hechos que lleve a la determinación de los responsables de esta violación de derechos humanos, y que el Estado asegure la no repetición y la devolución del vehículo de la víctima”, exigió la ONG.