Ciudad Guayana.- En el estado Bolívar no existe un centro de reclusión para mujeres privadas de libertad, por lo que fueron habilitadas comisarías que actualmente presentan hacinamiento, según las cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones para diciembre de 2019.
“Las mujeres privadas de libertad son unas de las más marginadas en el sistema penitenciario y se les violentan los derechos fundamentales de manera constante. El Estado no voltea su mirada porque son una cantidad mínima y cada día vemos como siguen entrando mujeres, pero no salen de los centro de reclusión”, explicó a El Pitazo, el coordinador regional del OVP, Luis Manuel Guevara.
El Centro de Coordinación Policial Vizcaíno en San Félix y el Centro de Reclusión Agua Salada en Ciudad Bolívar son los dos sitios destinados en el estado para mantener privadas de libertad a las mujeres. Sin embargo, en otras comisarías y sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) también hay mujeres recluidas.
Pero estos centros no son los adecuados, pues no tienen condiciones físicas: son espacios muy pequeños, sin acceso a agua potable y sin suficientes baños. Estos espacios fueron creados como centros preventivos, en donde solo podían estar entre 48 y 72 horas.
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Una de las mayores críticas a estos espacios es que las custodian funcionarios masculinos y no femeninos, como están establecidos en los estándares internacionales, lo que se presta para abusos hacia las detenidas.
“Yo estuve detenida una semana en el Cicpc y no podíamos dormir en las noches, solo en el día, porque en las noches los funcionarios entran a las celdas e intentaban abusar de nosotras. Los fines de semana es peor porque ellos beben y entran tomados y nos amenazan”, mencionó a El Pitazo una exdetenida que prefirió no identificarse por temor a represalias.
Desde el OVP indican que esta situación se repite constantemente y las mujeres son víctimas de amenazas de los funcionarios quienes les dicen que serán trasladadas a centros de reclusión lejos de sus hogares si no acceden a tener relaciones con ellos, o les prohíben las visitas.
“Muchas aguantan por el psicoterror que les aplican. Les dicen que les van a eliminar las llamadas telefónicas, las veces que pueden ir al baño, las visitas. Algunas pierden el miedo y ponen la denuncia, pues hay una fiscalía especializada y se hacen los correctivos”, explicó Guevara.
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Sin acceso a la alimentación y la salud
Familiares de las mujeres privadas de libertad se encargan de llevar la comida lista a diario o realizan mercados semanales para que cocinen en los centros de reclusión. Lo mismo sucede con el agua para consumo, deben llevarla sus familiares.
“En Bolívar la responsabilidad la tiene directamente la Policía del Estado Bolívar y no el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, porque brindan apoyo al ministerio. Por lo que hay grandes fallas con respecto a la alimentación, salud, agua potable, entre otros. El Estado es el responsable de suministrar las tres comidas bajo los estándares nutricionales”, mencionó Guevara.
Las mujeres presas no tienen acceso a la salud, de acuerdo con la información que maneja el OVP, si alguna presenta una dolencia, sus familiares deben llevarle las medicinas. En todo caso, los funcionarios se encargan de llamar a los paramédicos quienes no las trasladan a centros de salud.
El Estado debe garantizarles la atención médica oportuna, así como los implementos de higiene diaria y menstrual, pero esto no se cumple, pues les permiten ingresar dos toallas sanitarias diarias e ir solo dos veces al día al baño para su higiene.
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