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domingo, 22 mayo, 2022

Bolívar | Cidh responsabiliza a Venezuela por muerte de cinco menores en 2005

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegó después de un extenso camino de dolor y persistencia por parte de las familias de los cinco jóvenes y ONG que prestaron apoyo. Ahora Venezuela debe cumplir con el dictamen y reparar a los parientes de las víctimas

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Ciudad Guayana.- Venezuela es responsable internacionalmente de la muerte de cinco jóvenes que sufrieron quemaduras hasta en un 90% de sus cuerpos durante un incendio registrado en 2005, en el Instituto de Atención al Menor (Inam) de San Félix, estado Bolívar, de acuerdo con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el 11 de diciembre de 2020.

Los adolescentes José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristian Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa ingresaron al Inam antes de cumplir los 18 años por cometer delitos comunes y estaban bajo custodia del Estado al momento del incidente.

La sentencia de la Cidh reveló que Venezuela violó los derechos de los jóvenes al no contar con equipos adecuados para controlar el fuego y actuar tardíamente para salvarles la vida. La audiencia presencial fue cancelada a principios de diciembre, pero los 13 jueces de la Corte aceptaron escuchar de forma virtual a la abuela y una hermana de los fallecidos.

El caso fue presentado por primera vez en la Corte bajo el número 12.890, el 5 de abril de 2019, pero desde antes de 2013 ya estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dijo que las autoridades del país no estuvieron presentes durante la sentencia ni quisieron escuchar a los parientes de los jóvenes. Luis Manuel Guevara, coordinador del OVP en Bolívar, manifestó que a lo largo de 15 años la justicia venezolana solo imputó a cuatro personas: Nerio Antonio Moreno, director del Inam, los custodios José Luis Chirinos y Francisco Javier Gómez, y la auxiliar de servicio, Brígida Hurtado.

Ninguno tiene sentencia firme ni hay fecha para la continuación del juicio; durante el proceso ordinario, las audiencias fueron diferidas al menos 60 veces. El representante de la ONG recalcó que el tribunal que maneja el caso en Bolívar fue cerrado temporalmente por la pandemia del COVID-19.

“Nosotros, de alguna manera, vamos a buscar la forma de que este expediente sea redistribuido al tribunal de origen, en este caso al Tribunal 5to de Juicio, para que se le dé continuidad al proceso judicial de Venezuela”, informó Guevara, en un reporte de prensa del OVP.

En su pronunciamiento final, la Cidh determinó que Venezuela debe continuar y concluir con la investigación del caso para sancionar a todos los responsables, brindar apoyo psicológico y psiquiátrico a las familias de las víctimas, publicar la sentencia en Gaceta Oficial e implementar protocolos de seguridad en caso de incendios en centros de detención de adolescentes.

Carolina Girón, directora general del OVP, recalcó que en el caso de los cinco adolescentes fallecidos, Venezuela violó la Convención Internacional de los Derechos del Niño y lamentó que las víctimas de vulneración a derechos deban buscar justicia fuera del país, porque el sistema de justicia interno no funciona. “No debe haber más muertes ni en los centros de reclusión de adultos, de mujeres, de adolescentes, ni en nuestro país”, dijo.

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