Ciudad Guayana.- Unos 3.000 oficiales en convoyes, patrullas y hasta en un helicóptero llegaron al Centro Penitenciario de Oriente, conocido como cárcel El Dorado, en la población que lleva el mismo nombre, en el sur de Bolívar. Tomaron el penal y ejecutaron una exhaustiva requisa bajo una operación que la administración de Nicolás Maduro ha llamado Gran Cacique Gaicaipuro. La acción se produjo durante la madrugada de este martes, 5 de noviembre,
Durante la intervención de la cárcel El Dorado, los oficiales hallaron más de 300 armas blancas, 2 fusiles, 2 revólveres, 7 pistolas, 1 subametralladora y 1 granada fragmentaria. En algunas paredes de la cárcel encontraron envoltorios de presunta marihuana y alcohol. También se incautaron 400 teléfonos celulares, antenas de internet satelital, 200 metros de cable y equipos router.
El Tren de Aragua
A diferencia de otras intervenciones carcelarias que fueron difundidas ampliamente por el canal del Estado, la toma de El Dorado se hizo con particular discreción y hermetismo. Desde el lunes 4 de noviembre se observó el rocambolesco movimiento de tropas de policías y militares por la troncal 10, pero se desconocía con certeza de qué se trataba.
Al finalizar el operativo, el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, dijo que dentro del penal operaban líderes que tienen vínculos con la megabanda El Tren de Aragua y el Tren del Llano. No específicó cuántos reclusos pertenecían a las referidas estructuras delictivas.
“Veníamos adelantando trabajos de inteligencia a diferentes grupos, entre esos el Tren de Aragua y el Tren del Llano, que se vienen articulando y han tomado esta zona para el delito. Este ya no será un nido más para la delincuencia organizada”, señaló García Zerpa, quien estaba justo detrás de una mesa donde se exhibía el arsenal incautado.
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El ministro también indicó que además de la requisa, al menos 1.404 reclusos serán trasladados a otros recintos para desalojar el penal y así restaurar la deteriorada infraestructura de El Dorado. “Luego será puesto al servicio de un régimen sumamente estricto, como lo venimos construyendo”, explicó.
De acuerdo con el periodista Eligio Rojas, durante la intervención fueron detectados 17 líderes negativos que forman parte del pranato, 3 custodios que alquilaban celulares a los presos y 2 soldados que intentaron ingresar una granada fragmentaria a la prisión.
Responsabilidad estatal
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una ONG que monitorea el sistema carcelario del país, considera que el ingreso de armas a las prisiones está vinculado con lo que calificó un círculo de corrupción que mantiene el caos y la violencia en esos lugares.
«Se incautó una cantidad de armas, cuando en realidad son las propias autoridades quienes facilitan el ingreso de este armamento. La responsabilidad de este problema es compartida: la GN controla el acceso y permite el contrabando y los funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios permiten la circulación de armas en el recinto», comunicó la organización en su perfil de la red social X.
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El OVP considera urgente una reforma en la que se incluya el retiro progresivo de la Guardia Nacional y que el ministerio a cargo asuma por completo la seguridad y control de las cárceles del país. “Mientras existan estos dobles mandos, donde el capitán de la GN reporta a su comandante y el director a su ministro, el flujo de armas y la corrupción seguirá sin control”, detalló la ONG.
Condiciones de los reclusos
La cárcel de El Dorado está conformada por tres áreas: Casa Amarilla, Precursores y Máxima Seguridad, cuyas condiciones, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, son precarias e inhumanas.
De acuerdo con la misma organización, en 2023 los reclusos pasaron meses sin consumir proteínas ni frutas. “Su alimentación diaria está basada en bolas de harina cocida, arepa o yuca. Aunque existe permiso para que los familiares les lleven algunos alimentos crudos, no todos los privados de libertad los reciben porque las visitas son limitadas”, difundió el OVP basándose en testimonios de los parientes de los prisioneros, quienes afirmaron que consumen agua del río Cuyuní.
“No tienen acceso a asistencia médica y, por si fuera poco, son comunes los casos de tuberculosis y paludismo. Asimismo, hay casos de desnutrición extrema, muchos presentan enfermedades estomacales y de piel”, comunicó la organización.
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