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domingo, 16 mayo, 2021

VOCES DEL DESAMPARO | Desde El Caracazo a las Faes: 30 años de impunidad

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Caracas.- Desde los saqueos que caracterizaron a El Caracazo hasta el asedio de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) hay un expediente grueso de violaciones de derechos humanos que el Estado venezolano ha ignorado. Han transcurrido tres décadas en las que las instituciones, encargadas de impartir justicia en el país, han abierto paso a la impunidad, en detrimento de las víctimas y sus familiares. 

En el repaso de los acontecimientos que marcaron esos 30 años se centró el evento «Tres patrones de violaciones, los mismos derechos 1989 – 2019», que organizó este miércoles El Pitazo con la ONG Programa de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y que tuvo lugar en la Plaza Los Palos Grandes, al Este de Caracas.

Foto: Francisco Touceiro

La insatisfacción hacia las medidas económicas tomadas por Carlos Andrés Pérez en 1989 produjo que una masa enardecida de ciudadanos se volcara a las calles de Caracas a protestar.

Los disturbios dejaron un saldo de 276 fallecidos, según el parte oficial, y  ocurrieron luego de la activación del Plan Ávila y el despliegue de funcionarios militares para controlar las revueltas. Una de esas víctimas, que murió a manos de un uniformado, fue Wolfgang Quintana, quien tenía 20 años y era el esposo de Iris Medina, quien es actualmente la directora de Cofavic, organizacion que surgió a raíz de los acontecimientos de El Caracazo. «Una bala del FAL destruyó una familia», recordó. 

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A pocos días de cumplirse 30 años de El Caracazo, el próximo 27 de febrero, Medina dijo que el Estado venezolano le ha negado la justicia, así como no le ha permitido ver el expediente del caso de Quintana. Medina señaló que buscar justicia ha sido una ardua batalla que, aseguró, podrá librar.

«Logramos ser oídos en la Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), pero no hemos conseguido justicia interna; pero la conseguiremos», señaló Iris, quien resaltó la importancia de denunciar las violaciones de derechos humanos y el acompañamiento de las víctimas. 

Foto: Francisco Touceiro
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Años después de El Caracazo, el patrón de violaciones de derechos humanos cometidas por uniformados continúa, pero en un contexto distinto. Esta vez, el descontento hacia el gobierno de Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, ha provocado que gran parte de los venezolanos alcen su voz a favor de la restauración del Estado de Derecho en Venezuela que, a juicio de los miembros de la ONG Provea, se perdió en una estela de autoritarismo. 

Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, señaló que las decisiones políticas y económicas de Maduro llevaron al país a una emergencia humanitaria compleja, que se traduce en pobreza y hambre.

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Uzcátegui, quien además repasó algunos indicadores que evidencian violaciones de derechos humanos como salud y alimentación, explicó que la crítica coyuntura incrementó las manifestaciones contra el actual Gobierno y su gestión, las cuales, en su mayoría, fueron impedidas y reprimidas por los organismos de seguridad del Estado, como ocurrió en 2014 y 2017. Eso también elevó el saldo de fallecidos, cuyos casos aún están impunes. 

Uno de esos casos fue el de Gruseny Antonio Canelón (32), quien fue asesinado en 2017 a quemarropa por funcionarios de la Guardia Nacional en medio de una protesta antigubernamental en Barquisimeto, estado Lara. La periodista y corresponsal de El Pitazo, Keren Torres, contó que los 14 efectivos del cuerpo castrense, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión, aún están en libertad.

Foto: Francisco Touceiro

La reportera, que narró esta historia para la serie de podcast Voces del Desamparo, de la alianza de medios digitales El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, señaló que la hermana de Gruseny Antonio, que es abogado, aún ni siquiera ha tenido acceso al expediente y comentó que emprendió diligencias para denunciar el caso en organismos internacionales como Naciones Unidas. 

El coordinador de Provea reprochó que el Estado haya «militarizado la seguridad» y puesto a organismos como las Faes a perseguir y ejecutar a manifestantes. En esta línea, la periodista de Runrunes y coordinadora del proyecto Monitor de Víctimas, Ronna Rísquez, cuestionó que las Faes se haya convertido en un «grupo de exterminio». 

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Rísquez, quien participó por medio de un video en el conversatorio, señaló que el año pasado 37 % de los homicidios registrados en Caracas fueron cometidos por funcionarios policiales, los cuales fueron tipificados como «resistencia a la autoridad». Indicó que en 2018, según sus registros, se contabilizaron un total de 669 personas ejecutadas por las Faes en todo el país. Solo en Caracas, para 2018, Monitor de Víctimas totalizó 228 personas ejecutadas y que, en su mayoría, vivían en sectores populares. 

El periodista especializado en derechos humanos, Édgar López, en su intervención hizo mención a los cinco acontecimientos que marcaron hito en cuanto a violaciones de derechos humanos en Venezuela en los últimos 30 años: El Caracazo, los disturbios del 11 de abril de 2002, los sucesos del 12 de febrero de 2014 y la represión a manifestaciones antigubernamentales de 2017, que llevaron, incluso, a la Corte Penal Internacional a evaluar los hechos y establecer responsabilidades de Maduro por delitos de lesa humanidad. 

López destacó la labor de los periodistas dedicados a las denuncias  de las violaciones de derechos humanos y, en particular, de los esfuerzos del equipo encargado del proyecto Voces del Desamparo, coordiando por la periodista de El Pitazo, Yelitza Linares, quien explicó que la iniciativa no solo persigue dejar el registro de las víctimas, sino de brindarle las vías al ciudadano para que pueda denunciar cualquier situación que vulnere sus garantías fundamentales.

López instó a los periodistas a documentar, registrar y difundir las historias de violaciones de derechos humanos, conjuntamente con las ONG y demás organizaciones de la sociedad civil, sin dejar de acompañar a las víctimas. 

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