Caracas.- El vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, Bernardo Méndez, presentó su renuncia al cargo ante el Consejo Universitario debido a fuertes diferencias sostenidas con la gestión de la rectora Cecilia García Arocha.
En una carta, con fecha del 11 de enero, Méndez señala que la causa de la renuncia al puesto que ocupó desde 2008 se debió «a un deterioro progresivo» de sus relaciones con el Rectorado, al cual acusó de asumir atribuciones e intervenir en tareas que son de estricta competencia del Vicerrectorado Administrativo, lo que condujo a un «desmembramiento de su organigrama institucional».
«Son múltiples las razones que me llevan a tomar esta decisión que he postergado para evitar un conflicto entre autoridades que afectase a la universidad. Las relaciones se han deteriorado progresivamente y se ha producido un quiebre progresivo en el trabajo del equipo rectoral, al punto de que me resulta insostenible continuar en el cargo», explicó.
El académico enumeró, además, una serie de irregularidades administrativas de las que acusa a la rectora, como el nombramiento y destitución inconsultos de autoridades en su departamento, aprobación de presupuestos y contrataciones sin su permiso y la realización de obras dentro del campus con fondos que no eran los destinados originalmente.
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Uno de los puntos nombrados fueron las diferencias con la directora de Planificación y Presupuesto, Miren Caires, a la cual pidió su cambio y jubilación en 2012, pero que siguió en el cargo por orden de García Arocha. Posteriormente, esa dirección pasaría a ser dependencia del Rectorado con aprobación del Consejo Universitario, pero sin argumentación ni estudios técnicos que lo justificasen.
También expone que a pesar de ya haber una comisión de contrataciones adscrita al Vicerrectorado, se creó luego una comisión centralizada al Rectorado que asumió sus funciones en la contratación de los seguros patrimoniales y de vehículos, o de vestuarios, planes vacacionales y tickets de alimentación. Señaló que dicha comisión está integrada por personas que ya poseían cargos de dirección.
En el caso de la ejecución de trabajos con presupuestos diferentes al aprobado, aclara que si bien es cierto que los recursos asignados a la universidad son escasos y apenas alcanzan para unos meses, existen protocolos para la modificación de recursos que no se cumplieron. En cambio, se aprobaron contrataciones cuyas cifras superaban las aprobadas inicialmente.
«Las modificaciones presupuestarias permiten, bajo estrictos procedimientos, la utilización de recursos para cubrir emergencias institucionales. Las decisiones sobre el uso de los recursos no han sido el resultado de una discusión del equipo rectoral, sino una determinación administrativa emanada del Rectorado«, dijo.
Igualmente, hizo observaciones ante presuntos actos de corrupción en los casos de la contratación de una póliza de HCM para los profesores activos y jubilados de la UCV, el convenio entre el Instituto de Previsión Social del Profesorado de la UCV con el seguro autoadministrado Samhoi y la adquisición del Centro de Diagnóstico para la Vida C.A. (Cedivi).
La renuncia y acusaciones de Méndez ocurren a un mes de las elecciones de autoridades universitarias impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia. De manera interina, su cargo será cubierto por el secretario de la UCV, Amalio Belmonte.
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