Venezuela tiene el marco legal más atrasado y restrictivo de la región en materia de aborto

Varias organizaciones que defienden los derechos de las mujeres promueven la campaña #MadreSiYoDecido para alentar el debate sobre el aborto inseguro y procurar su discusión en instancias que garanticen un cambio real de las políticas públicas del país

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Avesa, Mujeres en Línea, Comadres Purpuras y FeminismoInc son algunas de las organizaciones que promueven la campaña. Foto: Génesis Carrero Soto

Más de 100 años sin reforma alguna tiene la sección del Código Penal venezolana que tipifica el aborto como un delito y solo considera legal el procedimiento cuando la vida de la madre está en riesgo. Es tal el atraso de la normativa, que entre los tipos de delitos considera el aborto practicado por la propia mujer, por un tercero, sin consentimiento y brinda atenuantes para los familiares que hayan ejecutado la acción para salvaguardar el honor de la familia (honoris causa).

Este hecho y la falta de políticas públicas que garanticen la capacidad de las mujeres venezolanas de decidir sobre su sexualidad y su reproducción, motivaron la campaña “Madre si yo decido”, impulsada desde hace algunas semanas por las organizaciones Avesa, las Comadres Purpuras, Mujeres en Línea y FeminismoINC, que buscan alentar el debate sobre el aborto inseguro y procurar su discusión en instancias que garanticen un cambio real.

El fin último de estas organizaciones es lograr la despenalización del aborto en Venezuela tomando como premisa que “cuando el aborto es realizado en condiciones de legalidad, y por ende, de forma segura, el riesgo es casi inexistente”, a diferencia de los abortos clandestinos que son una práctica común en el país y generan complicaciones posteriores como hemorragias, sepsias, daños al útero y la cérvix, infertilidad e incluso la muerte.

Durante una presentación a los medios de la campaña este viernes, 18 de octubre, Teresa Rodríguez, abogada y miembro de FeministasINC, explicó que en el país solo se permite el aborto para salvaguardar la vida de la mujer, pero que no hay un protocolo de actuación claro en estos casos que evite los riesgos en las mujeres y deja la decisión final en manos del médico tratante. “El Código Penal resulta entonces inconstitucional porque contraría lo establecido en la Constitución sobre derechos de las mujeres a decidir sobre su vida”, dijo.

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La jurista explicó que en toda la región se han presentado importantes avances y luchas en esta materia logrando políticas que al menos consideran los “tres mínimos” legales: el aborto por violación, por la inviabilidad del feto y para preservar la vida de la mujer.

“Las mujeres venezolanas no tienen la posibilidad de elegir y pasan a tener embarazos forzados porque cuando acuden a sitios clandestinos se les ve como desnaturalizadas o irresponsables”, explicó Magdimar León, de la ONG Avesa.

La activista y estudiosa de los derechos de las mujeres explicó que la maternidad debe ser una elección de vida y no una obligación y apuntó que esta garantía debe ser un hecho en Venezuela, nación con una de las tasas más altas de embarazo temprano de la región y en donde los abortos son la tercera causa de muerte materna, determinado así en estudios realizados por las organizaciones.

León advirtió que en la actualidad la decisión de un aborto no recae en la mujer que es quien lleva al embrión dentro de su cuerpo, sino que termina siendo una decisión de los médicos tratantes, que solo en pocos casos revisan estos temas en comités de bioética de los centros de salud. “La despenalización del aborto debe ser una política pública que garantice también la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos para que las mujeres puedan planificar y tomar decisiones sobre su cuerpo y su derecho a tener hijos en el momento que así lo deseen”, apuntó.

Las activistas invitaron a todos los venezolanos a generar y participar en debates sobre el tema e instaron a usar la etiqueta #MadreSiYoDecido en redes sociales para lograr que el aborto sea un tema de discusión.

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