Gran Caracas.- Desde hace más de 6 meses los vecinos del sector Loma del Ávila, en Palo Verde, denuncian que hay un terreno cercano a la calle 16 en donde ocupantes ilegales se han metido y construido viviendas. Esta situación ha incrementado considerablemente la inseguridad en la zona y representa una amenaza para los propietarios.
El pasado jueves 9 de mayo los vecinos realizaron una asamblea para tratar el referido problema y uno de los invitados fue un representante del Consejo General de Policías del Ministerio de Interior y Justicia.
De acuerdo con Josefina Ortiz, una de las vecinas, la inseguridad ha aumentado significativamente en la urbanización. «Además, la invasión ha impactado el medioambiente porque han desforestado y hay ruidos molestos debido a que a partir del viernes a las seis de la tarde hay una fiesta hasta el lunes de la semana siguiente», indicó. Por otra parte, «hay una consecuencia mayor que es la desvalorización de nuestra propiedad, porque está muy cerca el barrio y eso afecta el transporte, la seguridad y otros servicios de la zona».
Una de las consecuencias del problema, según Ortiz, es que asaltan a las personas y salen corriendo y les lanzan piedras desde la calle a los niños que están jugando en la terraza del edificio».
Otra de las afectadas, Jaira Ortiz, presidenta de la Junta de Condominio de uno de los edificios, refirió: «Yo tengo que tomar pastillas para poder dormir, porque hacen fiestas todo el fin de semana y la música es altísima».
«Robos, robos y más robos y la policía brilla por su ausencia. Además hemos presenciado tiroteos constantemente», dijo Magda Pereira, vecina de la zona, quien resaltó: «No puede ser que unas personas que no pagan luz ni agua y se roban todos los servicios, encima nos invaden». En cuanto a la presencia policial y oficial, Pereira apuntó que «no hay respuesta del gobernador ni del alcalde. Son unos ceros a la izquierda».
«Hace dos años hicieron un estudio para construir una misión vivienda, pero encontraron que el terreno no es estable para eso, lo que también hace peligrosa la invasión porque el cerro se puede venir abajo», explicó Ortiz. La vecina dijo desconocer quién es el dueño del terreno. «Entiendo que es alguien que está fuera del país y dejó a una persona apoderada, pero no sabemos quién es», aclaró. Al final de la calle 16 hay un camino construido por los invasores para acceder al terreno. Tienen 30 casas, aproximadamente, y el proceso de construcción se acelera cada vez más.
Los vecinos han desarrollado un sistema de pitos para alertarse ante irregularidades, y también se comunican por diversos chats. Han llamado a la Guardia Nacional Bolivariana en varias ocasiones, y aunque han llegado, «no han venido en los momentos del incidente, y a la larga, no hacen nada. La propia policía dice que no se mete al cerro porque ellos están más armados que los policías. Esto es una tierra sin ley», dijo Josefina Ortiz.
Linda García, representante del Consejo Comunal de Lomas del Ávila, explicó: «En cuatro reuniones anteriores los representantes del Ministerio se comprometieron con la no construcción de nuevas viviendas. A la fecha hemos visto que no se ha cumplido, por eso estamos haciendo una acción escrita y legal». Los vecinos llevarán la denuncia escrita y firmada a la Fiscalía, pero les han puesto como requisito llevar un censo con nombre, apellido y cédula de los ocupantes ilegales, dijo García, quien precisó: «Con la voluntad de los vecinos organizados y de forma correcta podremos lograr el censo».
A la asamblea asistió un representante de los cuadrantes de paz de las comunas y del Consejo General de Policía del Ministerio de Interior y Justicia, quien afirmó que han asistido correctamente a los vecinos con respecto a la coordinación de los cuerpos policiales y el Gobierno ha atacado el caso».
El representante explicó: «Hay que coordinar con los vecinos y policías y después se tomarán acciones. Mientras tanto, somos el enlace con el Ministerio Público para que sea efectivo lo que los vecinos requieren». Durante la asamblea uno de los propietarios denunció directamente que al llamar a la oficina de los cuadrantes de paz se encuentra con que el teléfono nunca funciona.
Los vecinos seguirán elevando la denuncia a las instituciones oficiales, dijo Linda García, quien resaltó que son más de 63 los edificios afectados y que esperan con estas asambleas que todos se involucren en la solución de un problema que está trastocando la vida cotidiana de la comunidad y que puede ser difícil de resolver porque, según la creencia de muchos de los habitantes, las invasiones son promovidas por el mismo Gobierno.
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