Caracas.– Familiares de jóvenes detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Zona 7 de Boleíta, recibieron una lista de 75 aprehendidos que fueron trasladados a la cárcel de Yare, en el estado Miranda. Las familias y abogados privados no han tenido acceso a sus parientes ni información sobre las audiencias de presentación.
En este centro de reclusión preventiva de Zona 7 se encontraban al menos 170 jóvenes, incluyendo 11 menores de edad, detenidos entre el lunes 29 y martes 30 de julio en medio de las protestas de ciudadanos en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que dan ganador a Nicolás Maduro.
El director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, precisó al equipo de El Pitazo esta información de los detenidos. Detalló que, presuntamente, se realizaron traslados a la cárcel El Rodeo, en el estado Miranda, pero la mañana de este jueves, 1 de agosto, aún se desconocen la cifra e identidades.
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672 detenciones verificadas
De acuerdo con el último balance de la ONG Foro Penal, a las 9:00 a.m. de este jueves, se contabilizan 672 detenciones y 11 asesinatos en todo el país que han sido verificados por esta organización.
El miércoles 31 de julio, el fiscal general Tarek William Saab informó que son 1.062 personas las detenidas en Venezuela esta semana tras las protestas registradas en varias regiones del país.
Puntualizó que si se comprueba que algunos de los detenidos no participaron en las protestas, quedarán libres, pero a los que se les determine la responsabilidad «quedarán privados de libertad por muchos años”.
Traslados sin información
La ONG Provea denunció que la noche del miércoles 31 de julio salieron de la Zona 7 tres camiones de la Policía Nacional Bolivariana con personas detenidas de manera arbitraria en Caracas.
La organización detalla que a nivel nacional no permiten a los abogados privados o de las ONG participar en audiencias ni defender a las personas detenidas. Tampoco dejan que las familias vean a los detenidos.
«Alertamos de que se realizan audiencias colectivas, en las que no hay individualización de los presuntos delitos. A todos los meten en el mismo criterio de imputación», precisó Provea.
En ese sentido, los defensores de derechos humanos de la organización denunciaron que existe una violación a los derechos a la defensa y al debido proceso consagrados en el artículo 49 de la Constitución.
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Familias sin certezas
A las afueras de la sede de la PNB en Zona 7 permanecen decenas de familias que no tienen certeza de que sus hijos o parientes se encuentran allí. Aunque han podido ingresar alimentos, desconocen si los detenidos los reciben.
Yubiry Alzuru es una de esas madres que no ha podido ver a su hijo. Luego de recorrer varias comisarías le confirmaron que el joven se encontraba en Zona 7, pero para ella eso no es garantía de nada. No le consta esa información y exige que al menos dejen a los familiares ingresar.
La misma situación atraviesa Leo Méndez, hermano de María Valentina Méndez, joven de 24 años y deportista de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Denunció que su hermana fue detenida en Las Mercedes cuando caminaba junto a unas amigas y la trasladaron a Zona 7, pero desconoce las condiciones en las que se encuentra.
«Estoy muy preocupado. No nos quieren dar respuesta ni qué tipos de cargos le quieren imputar. Estamos a la deriva porque esto es una situación muy grave para todos», precisó Méndez.
Aunque se anunciaron traslados este jueves, las familias permanecen a las afueras de Zona 7 en espera de una información precisa. Los abogados también exigen justicia y que se permita la defensa privada.