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miércoles, 11 diciembre, 2024

Trabajadores exigen la liberación de seis sindicalistas

Eduardo Torres, uno de los abogados defensores, señaló que los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo fueron detenidos luego de ser señalados por un "patriota cooperante", un informante anónimo y afecto al chavismo

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Unos 30 trabajadores venezolanos protestaron este lunes, 15 de mayo, ante la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir la liberación de seis sindicalistas, detenidos en julio de 2022, y acusados de asociación para delinquir y conspiración.

Eduardo Torres, uno de los abogados de los trabajadores, señaló que los sindicalistas Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés y Néstor Astudillo fueron detenidos al ser señalados por un «patriota cooperante», un informante anónimo y chavista.

«Estos compañeros fueron arbitrariamente encarcelados por la denuncia de un ‘patriota cooperante’, es decir, de alguien al que no le conocemos el verdadero nombre, la cédula, la identidad, nada. La Fiscalía 74 no ha podido, en más de 10 meses, llevar al juicio a este patriota cooperante», añadió frente a los medios en las afueras de la Defensoría del Pueblo.

El abogado exigió al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que se pronuncie ante esta situación, que consideran una violación de los derechos humanos, así como la apertura de una investigación porque «es público, notorio y comunicacional que estos trabajadores luchaban por sus derechos».

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También indicó que estos casos han sido denunciados en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En septiembre, la vocera del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos, Belsaí Yánez, informó a EFE que los seis dirigentes sindicales son enjuiciados por los delitos de asociación para delinquir y conspiración.

El comité rechazó la decisión de los tribunales venezolanos de mantener privados de libertad los trabajadores, basados en supuestos mensajes contrarrevolucionarios.

En un comunicado de prensa, el comité aseguró que a los detenidos «se los acusa de hechos supuestos, subjetivos, sin pruebas. De querer asaltar un alistamiento militar con 120 fusiles en Mérida, secuestrar a los padres del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y realizar actos de sabotaje el 5 de julio contra Nicolás Maduro».

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