Siete parroquias de la Gran Caracas exigen agua ante la Defensoría del Pueblo

Según vecinos de La Vega, La Dolorita, El Paraíso, Santa Rosalía, San Pedro, Coche y José Félix Ribas, el cronograma de agua establecido por Hidrocapital no se respeta

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Vecinos señalan que ante la falta del servicio deben visitar zonas aledañas para recoger agua | Foto: cortesía

Caracas.- Vecinos y comités de las parroquias La Vega, La Dolorita, El Paraíso, Santa Rosalía, San Pedro, Coche y José Félix Ribas se presentaron este jueves, 22 de julio, en la Defensoría del Pueblo para exigir al defensor y a los encargados, una solución a la escasez de agua que padecen en sus respectivas comunidades.

Emma Salazar, vecina de Montalbán y miembro del comité de defensa de los derechos humanos en el caso del agua, afirmó a El Pitazo que la falta de mantenimiento de Hidrocapital impide a los caraqueños el derecho al agua desde meses atrás. Es por ello que, desde el mes de abril de 2019, los diversos comités sectoriales están visibilizando la falta del servicio y vienen realizando campañas para exigir el vital líquido en tiempos de pandemia.

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Los vecinos de estos sectores destacan que desde hace meses persiste el incumplimiento del cronograma establecido por Hidrocapital. “Antes teníamos agua cuatro días a la semana y ahora la quitan y la ponen sin aviso”, expresó la vecina Emma Salazar.

El acceso al agua en Caracas se ha convertido en una total odisea para sus residentes. “El servicio es escaso y cuando llega a los hogares tiene un color marrón y un olor fétido al punto de que debemos hervirla para poder consumirla, lavar, entre otros usos”, apuntó la vecina.

Salazar aseguró que los miles de vecinos que son afectados por la escasez y mala calidad del agua que llega a los hogares han tenido que ir a zonas aledañas para recoger agua, pagar cisternas, botellones y hasta pastillas potabilizadoras para poder consumirla.

La vecina aseguró que el presupuesto familiar, más los gastos extras, no alcanzan para cubrir las necesidades de un hogar, por lo tanto, las comunidades exigen que el Estado garantice el acceso al agua.

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