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jueves, 1 diciembre, 2022

Experto: es delito contra la propiedad sustracción de la estatua de María Lionza

El abogado y criminólogo Ramón Canela indica que a esta situación con la escultura de Alejandro Colina hay que quitarle los matices políticos y religiosos porque es un bien público que ya fue removido en condiciones incorrectas

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Caracas.- El criminólogo Ramón Canela aseguró que, ante la sustracción de la estatua de María Lionza de las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la institución podría formalizar una denuncia en el Ministerio Público (MP) y acudir a organismos internacionales, en caso de tratar el hecho como una violación al derecho fundamental de los venezolanos a la cultura.

En una entrevista concedida a El Pitazo, el abogado precisó que las formalidades necesarias para el traslado de la obra del escultor Alejandro Colina no fueron cumplidas, por lo que «efectivamente, se trata de un delito contra la propiedad», dispuesto en «situaciones de la Ley Especial Contra la Corrupción».

Al ser preguntado acerca de las medidas que debía aplicar la UCV frente a la sustracción de la estatua, Canela explicó que tanto la universidad, como las diversas fundaciones integradas a ella, «son personas jurídicas que tienen un patrimonio asociado a bienes públicos», por lo tanto, no solo tenía la obligación de notificar esa sustracción, sino que debía denunciar el caso en los organismos policiales correspondientes.

En este sentido, explicó que posteriormente sería necesaria una revisión de «las actas policiales del Cicpc o del organismo que le competa hacer la investigación, si hubo rotura o fractura, para llevarse la estatua. De ser así, pasa a ser un robo y no un hurto», apuntó y aseveró que es uno de los primeros pasos al tratarse de un bien público.

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«A esto hay que quitarle el matiz político, el matiz religioso y entender que es un bien público que ya fue removido en unas condiciones que no fueron las correctas (…) estando la obra bajo el control de la UCV, la universidad tenía la obligación de formalizar esa denuncia», sumó.

Incumplimiento de procedimientos 

Canela detalló que la sustracción de la estatua de María Lionza es una acción que se considera delictiva, «en todo caso hurto o robo», porque «en el caso de que, desde el Gobierno, hubiese la necesidad o la disposición de traspasar ese bien a otro ente, eso requiere de un procedimiento completo (…) un procedimiento administrativo que no se realizó y no se cumplió».

Siguiendo esta línea de ideas, el penalista sostuvo que en Venezuela es necesario mantenerse en la constante búsqueda del respeto a la ley: «no podemos seguir en esta situación, como si esto fuese la hacienda privada de cuatro o cinco personas».

La sustracción es un acto ofensivo

A juicio de Canela, la remoción de la estatua se realizó de una «forma ofensiva», al considerar la probabilidad de que el traslado haya ocurrido en horas de la noche, «en la oscuridad (…) eso no fue hecho a la luz del día», supone.

«Si de verdad querían darle algún respeto a lo que representa esa estatua debió haberse hecho con unas formalidades que no se cumplieron. Eso parecía, más bien, que estaban sacando huesos de un cementerio, una forma muy ofensiva y poco decorosa», manifestó.

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Indicó que un Gobierno tiene «toda la autoridad» para llevar a cabo casi cualquier procedimiento. Por lo tanto, se pregunta el porqué de las acciones del Ejecutivo nacional sobre este proceso: «¿por qué no hacer las cosas como deben ser hechas, por qué tiene que ser a espaldas de la gente, de los venezolanos, de los caraqueños, de los ucevistas? Ese tipo de cosas no tienen sentido».

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El jurista puntualizó que la Universidad Central de Venezuela puede y debe someter el caso a un proceso legal. «Es una obligación que tienen quienes la dirigen: los administradores, directores, la propia rectora, tienen una obligación formal, en todo sentido, de plantear la denuncia correspondiente».

«Una vez que se efectúa la denuncia, el organismo policial que la esté procesando debe notificar, a su vez, al fiscal del Ministerio Público (MP) de guardia, quien debe ordenar la apertura de la investigación penal correspondiente y las diligencias de investigación necesarias: la planimetría, la inspección técnica, levantamiento de huellas, reactivación, etc., para poder determinar qué sucedió y quiénes son las personas partícipes en ese acto», ilustró Ramón Canela.

En este sentido, consideró que, probablemente, el MP llegaría a la conclusión de que no es un caso de agavillamiento, ya que entre los agravantes del hecho no es posible clasificarlo dentro de esa figura, «es algo que ya compete a la delincuencia organizada, puesto que se utilizaron equipos y máquinas».

Asimismo, recordó que dentro del marco legal, aquellas personas que conocen de forma anticipada la ejecución de un hecho delictivo y lo callan, se constituyen posiblemente en cómplices necesarios del delito, con las penas y responsabilidades que eso involucra.

Afectación del derecho a la cultura

El abogado Canela añadió que por tratarse de una obra de arte valuada y con una significación importante dentro del patrimonio nacional es necesario recordar que la estatua de María Lionza fue realizada por el artista, con la intención de ser utilizada en una determinada ubicación.

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«De ninguna manera puede una obra de esa significación simplemente ponerse en un lugar sin el permiso, inclusive del artista (o quien posea los derechos sobre la obra)». Por lo tanto, es necesario revisar «en qué forma el artista entrega la propiedad (…) hay que ver cómo fue ese proceso de integración».

El derecho a la cultura es una categoría fundamental de los derechos humanos, así lo aclaró Ramón Canela, al ejemplificar que en el caso de que «estuviese enrarecido el sistema judicial venezolano», la UCV podría acudir a entes internacionales, con la intención de denunciar la afectación de derechos fundamentales de los venezolanos, específicamente en el caso de una violación al derecho a la cultura.

«Hay que entender que la UCV, respecto a las obras que tiene, es una suerte de curador, para mantener el mejor uso, la mejor disposición, la integridad, no solo patrimonial, sino la integridad como obra de arte, algo que debe estar expuesto al público».

Precisó que es necesario someter a revisión el porqué de su guarda tanto tiempo. «Las obras originales se exponen y se presentan con muchísimo orgullo», acotó.

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