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lunes, 16 mayo, 2022

Proponen que violación del derecho a la información sea evaluada por justicia transicional

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La violación del derecho a la información y el impacto de este delito no solo en los medios de comunicación y sus trabajadores, sino en la ciudadanía debería ser uno de los temas que se evalúen en un sistema de justicia transicional, instalado posterior al cese de la usurpación en Venezuela.

Esta es la propuesta del Bloque Constitucional de cara a la creación de un sistema para identificar la verdad de violaciones a derechos humanos, obtención de justicia, reparación de víctimas y prevención de delitos ya ocurridos durante la llamada revolución en Venezuela.

Durante un encuentro entre juristas y trabajadores de la prensa, este jueves 25 de julio, expertos recordaron que las violaciones a los derechos humanos son responsabilidad del Estado y que no prescriben, por lo que la justicia transicional busca evaluar periodos de tiempo pasado precisos para determinar causas y consecuencias.

En el evento participaron Cecilia Sosa Gómez, coordinadora académica del Bloque Constitucional, quien habló acerca del Estatuto de Transición; Alejandro González Valenzuela, quien expuso en torno a la Cosa Juzgada Fraudulenta; Román Duque Corredor, coordinador nacional del Bloque Constitucional, que habló acerca de Comunicación Social y justicia transicional y Milagros Betancourt, experta en Derecho Internacional administrativo, quien se refirió a la aplicación de esta justicia para el proceso de transición.

El exmagistrado Duque Corredor fue enfático en señalar que los ataques a la prensa implican la vulneración al derecho de las víctimas a estar informadas y generan un efecto intimidatorio en la sociedad. “Hay que proteger el trabajo de los periodistas, acudir a instancias internacionales de manera que se documenten las vulneraciones, así como crear una unidad de investigación especializada en violaciones al trabajo periodístico… La noticia repetida no desmentida es un hecho comunicacional notorio que puede servir de prueba” indicó el abogado al respecto.

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En la conversación se refirieron también al tema de los bloqueos a medios digitales por parte del Estado y bajo la acción de operadoras de comunicación privadas. Al respecto el jurista explicó que «la responsabilidad en la violación de los derechos humanos puede ser directa y lo que hay que saber es si la operadora por temor o intimidación o para evitar un mal mayor incurrió en el delito del bloqueo». 

Foto: Génesis Carrero

Preparar el terreno

La abogada Milagros Betancourt aclaró que, junto a la Asamblea Nacional, se trabaja en una ley de Justicia Transicional y que la propuesta del Bloque es que sean evaluados los delitos cometidos a partir de 1989, considerado por la coalición como un año de quiebre para el proceso democrático en Venezuela.

Aclaró que la justicia transicional solo revisa hechos pasados de violación a derechos humanos y corrupción y que esta solo será aplicable una vez que se pueda hacer una revisión de las instituciones que garanticen la ejecución de esa justicia, por tanto “hay que trabajar en lo que se pueda trabajar mientras se consolida el cese de la usurpación”. 

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