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jueves, 29 octubre, 2020

Para dirigentes del sector transporte aumento del pasaje responde a “tarifas políticas” impuestas

Quienes encabezan el gremio del transporte en la capital del país reiteran que su propuesta es la de un pasaje que equivalga a los 60 centavos de dólar, de los cuales 50 deberían ser pagados por instituciones gubernamentales y el resto debería corresponder al pago del usuario que sea provisto a través de bonos dados por las empresas y sitios de trabajo

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Caracas.- “Una tarifa política”, así definen los dirigentes del sector transporte en Caracas el aumento del pasaje a 30.000 bolívares aprobado por el Ejecutivo y publicado en la Gaceta oficial N°41.981 de este 7 de octubre y que viene a reemplazar el mandato del 22 de enero que fijaba la cuota de pago del transporte urbano en 3.500 bolívares.

Quienes encabezan el gremio en la capital del país reiteran que la propuesta al Estado es la de un pasaje que equivalga a los 60 centavos de dólar, de los cuales 50 deberían ser pagados por instituciones gubernamentales y el resto debería corresponder al pago del usuario que sea provisto a través de bonos dados por las empresas y sitios de trabajo.

José Luis Trocel, secretario del Comando Intergremial del Sector transporte aseguró que el ajuste era indispensable para que los transportistas siguieran con sus labores, pero admitió que, aunque se aceptó lo establecido se mantienen en discusiones para acordar un monto que responda a las necesidades del sector.

“El ajuste que se hizo era estrictamente necesario para mantener el servicio, no es el necesitado por los transportistas, pero es el que se pudo lograr”, indicó Trocel en conversación con El Pitazo. Agregó que su propuesta era de al menos Bs. 50.000.

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Para Hugo Ocando, presidente del Bloque del Oeste y de Transporte Unido de Venezuela, “hay propuestas, pero el Gobierno solo saca una tarifa social o política”, que son impuestas en tanto que no se discuten con los sectores involucrados.

El dirigente planteó la necesidad de que las decisiones que se tomen impliquen una solución tanto para los usuarios como para los trabajadores de este que es un servicio público.

Ocando aseguró que este aumento no tomó en cuenta la postura y propuestas del sector y aseguró que los transportistas tienen presente la situación que atraviesa el país y la crisis económica agravada por la pandemia, pero que ellos tienen propuestas que consideran toda la situación y que no comprometen los salarios de los venezolanos que son los más bajos de la región, según recordó.

“La tarifa debe ser 60 centavos de dólar: Bs.285.000… Entendemos que los usuarios no pueden pagarlo, pero hablamos de un subsidio que comprometa al Estado a ayudar a un sector del que se sirve todo el país”, puntualizó Ocando.

Los dirigentes apuntaron también que, en los 10 meses transcurridos del año 2020, el Ejecutivo no ha activado ninguna venta subsidiada de cauchos, aceite o repuestos para ayudar en el mantenimiento y mejora de las unidades de transporte que están en profundo estado de deterioro y cuya flota se aminora a diario, ante la imposibilidad de los conductores de pagar las reparaciones.

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Anarquía

El dirigente del bloque de transportistas del Oeste aclaró que el único interés de quienes representan al gremio es “poner orden” en la anarquía que existe en las tarifas de pasaje en todo el país, donde las propias comunidades pasan a definir montos dependiendo de sus necesidades y capacidad adquisitiva.

“Nosotros queremos ponerle orden. Nos quieren hacer responsables de la crisis, pero nosotros somos unas víctimas más”, aseguró Ocando.

Con esto coincidió Ángel Cacique, miembro de la coalición de Transporte Unido de Venezuela, para quien el aumento de Bs. 30.000 beneficia a algunos transportistas de rutas cortas en zonas populares, pero obvia a quienes tiene rutas urbanas largas

Cacique recordó que los trabajadores del transporte también viven la crisis y explicó que algunos conductores han optado por migrar a las rutas exprés como una medida para mejorar sus ingresos. Otros decidieron picar las rutas más largas, lo que perjudica al usuario y lo obliga a tomar hasta dos y tres camionetas para llegar a sus destinos.

“Al final la falta de una decisión coherente perjudica a todos y obliga a los ciudadanos a establecer sus propias reglas”, apuntó el transportista.

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