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viernes, 11 octubre, 2024

ONG registra 226 ataques a defensores de derechos humanos en Venezuela en primer trimestre

La ONG Centro para los Defensores y la Justicia exhortó al Estado a garantizar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país

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Caracas.- En Venezuela se registraron 226 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2023; 131 % más respecto al mismo período de 2022, cuando se documentaron 98 casos, informó este viernes, 21 de abril, la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).

«Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del espacio cívico y democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, en respuesta a la crisis de derechos humanos», señaló la organización en su más reciente informe. Este precisa que en enero se documentaron 105 casos, en febrero 63 y en marzo 58.

Del total de casos, 141 fueron de estigmatización, 51 de hostigamiento, 30 de amenazas, tres ataques digitales y una detención arbitraria.

Según la ONG, en el primer trimestre continuaron los «discursos y campañas de desprestigio y estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de terroristas, agentes desestabilizadores y traidores».

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Asimismo, expone que 93 % de las víctimas son organizaciones de derechos humanos y 7 % personas que trabajan en la defensa de estas garantías.

Los principales victimarios, prosigue el informe, son funcionarios públicos, en 51 % de los casos; medios de comunicación (25 %); personas o agrupaciones afectas a intereses políticos del Estado (17 %), instituciones públicas (5 %) y organismos de seguridad (2 %).

«Al cierre del primer trimestre del año, la política de criminalización de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos permanece vigente», alertó.

El CDJ exhortó al Estado a garantizar un «entorno propicio y seguro» para el ejercicio de la promoción de los derechos humanos en el país.

«El Estado y todos los actores con su consentimiento y aquiescencia deben cesar de inmediato los actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas», concluyó la organización.

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