Caracas.- Las personas de la comunidad LGBTIQ+ recluidas en las cárceles del país son sometidas a esclavitud sexual, a través de la prostitución o el abuso, según informó este miércoles, 21 de febrero, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado.
“No solo por los pranes sino también por algunos funcionarios. Hay que entender que aunque la persona cometió un delito, es un ser humano y debe tener garantía plena a sus derechos”, dijo Prado durante la presentación del informe Personas privadas de libertad LGBTIQ+: El derecho a la salud es una ficción en los centros penitenciarios de Venezuela.
Este documento revela que el Estado venezolano omite el registro de esta población en las cárceles del país; no cuenta con áreas establecidas por diferenciación de género; las personas trans son ingresadas según los datos que recoge su cédula y no con la identidad de género con la que esa persona se reconoce. Por ejemplo, las mujeres trans son encarceladas con hombres quienes las obligan a realizar labores de limpieza bajo amenaza de muerte o castigos.
Prado destacó que en Venezuela se reportaron diversas vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos que van desde los casos de violencia sexual, ausencia de tratamientos y medicamentos, falta de asistencia médica y psicológica, entre otros.
A su vez, Gabriela Boada, directora de la ONG Caleidoscopio Humano y colaboradora en este informe, aseguró que la situación de la población LGBTIQ+ privada de libertad es muy compleja y desafiante, debido a la discriminación y estigmas que enfrentan por su orientación sexual e identidad de género.
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Para este informe, el OVP realizó entrevistas con familiares, especialistas y monitoreos constantes y además documentó testimonios de personas privadas de libertad.
La OVP también documentó que muchas personas ocultan su orientación sexual e identidad de género para evitar la crueldad. Precisa que esto promueve la invisibilización y problemas de salud mental.
Asimismo, el director de la OVP destacó que la privación de libertad tiene efectos determinantes en la salud mental porque origina una pérdida de contacto directo con las redes de apoyo. Es decir que esto «predispone la aparición de cuadros de ansiedad, estados depresivos u otra patología de base”, advirtió.
“El problema empieza por la falta de personal debidamente formado. Lo cual no es imposible porque hay un mandato constitucional que establece que las personas que trabajan en las cárceles deben ser penitenciaristas”, explicó Prado.
Las situaciones documentadas más los problemas de los centros penitenciarios, como el hacinamiento del 154,15 %, la carencia de una alimentación adecuada y la falta de espacios salubres y en condición de higiene, hacen que la población LGTBIQ+ se encuentren en riesgo durante el cumplimiento de su condena.
“Si el Ministerio tuviera un mínimo de humildad, convocaría a una reunión para intercambiar sobre este tema. Nuestras recomendaciones solo son en beneficio de las personas privadas de libertad, que son los más vulnerables”, dijo el director de OVP.
Prado recalcó que la debida formación y sensibilización del personal penitenciario podría ayudar a minimizar estas incidencias. Destacó que podrían compartir sus conocimientos con los demás privados de libertad.
“El delito se queda en los tribunales y quien entra a la prisión es el ser humano”, sentenció el director del OVP.
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