Miranda.- Un grupo de funcionarios castrenses que permanece detenido en el Centro de Procesados y Penados Militares, ubicado en el Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, estado Miranda, levantó la huelga de hambre que inició el lunes 21 de octubre.
La acción de protesta tenía como finalidad demandar atención médica, mejores condiciones de reclusión y seguridad, ya que los civiles que están en dicho recinto los habían amenazado con secuestrarlos para conseguir beneficios, según informaron a través de las redes sociales algunos familiares de los arrestados.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los militares terminaron con la medida de protesta una vez que fueron escuchados por el director del Servicio Penitenciario Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), general de división Luis Ojeda.
“Los detenidos le explicaron que comen solo para no morir de hambre y que su dieta carece por completo de proteínas, grasas, lípidos y frutas”, reseñó la organización no gubernamental (ONG) en una nota de prensa.
Ojeda se comprometió a mejorar la calidad de los alimentos; a reparar las instalaciones eléctricas, ya que ese recinto se encuentra en obra gris y no cuenta con el fluido eléctrico en todas las instalaciones, y a garantizar el suministro de agua potable las 24 horas del día a través de un tanque disponible en el Fuerte Guaicaipuro.
“De esta manera se evitará el consumo del agua turbia que llega por las tuberías, la cual ha causado enfermedades gastrointestinales e infectocontagiosas entre los presos”, destacó el OVP.
La petición más urgente de los militares detenidos fue la reubicación de 72 presos civiles por delitos comunes, entre ellos 52 reclusos provenientes de las cárceles de Tocuyito y Tocorón y 20 que fueron trasladados desde el Internado Judicial de Barinas en septiembre.
Luis Ojeda también accedió a gestionar la reubicación de estos internos en otras cárceles, y explicó que aunque se encuentran en un recinto militar, las decisiones sobre su reclusión dependen del Ministerio de Servicio Penitenciario.
«Estos detenidos civiles están abandonados a su suerte. Son los que llevan más tiempo en el lugar, no reciben visitas y solo se les permite una llamada mensual de un minuto, cuando asiste el personal del Ministerio de Servicio Penitenciario», contó uno de los familiares al OVP.
Además, otros parientes señalaron que el ministerio no les provee de alimentación diaria, lo que recae por completo en el recinto militar.
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