Miranda.- 72 presos comunes, 27 funcionarios castrenses y 8 efectivos policiales que permanecían detenidos en el Centro de Procesados y Penados Militares (Cenapromil) Guaicaipuro, ubicado en Charallave, estado Miranda, fueron trasladados a otros penales. La movilización se realizó en medio de un motín que se registró el 29 de octubre, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en sus redes sociales.
De acuerdo con lo señalado por el OVP, la revuelta fue protagonizada por los presos comunes, quienes rompieron las rejas de sus celdas e intentaron llegar hasta el lugar donde estaban detenidos los militares y policías, a quienes días atrás habían amenazado con secuestrar. Este ultimátum tenía como finalidad exigir mejores condiciones de reclusión y que se atendiera un presunto brote de tuberculosis.
“El Centro de Procesados y Penados Militares Guaicaipuro no cuenta con las condiciones mínimas de reclusión. La infraestructura no ha sido concluida y, en vez de paredes, hay rejas, como si se trata de una jaula gigante”, advirtió el OVP.
La información que maneja esta organización no gubernamental (ONG) es que los 27 efectivos castrenses fueron trasladados al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, mientras que los civiles y policías fueron llevados a la cárcel de Yare, en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy.
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Situación denunciada
El 21 de octubre, los militares privados de libertad en el Cenapromil región Central, ubicado en el Fuerte Guaicaipuro en Charallave, realizaron una huelga de hambre para demandar atención médica y seguridad.
Mediante un video que subió a sus redes sociales, Lisnel Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Geomer Narciso Martínez Natera, informó que el 19 de octubre uno de los compañeros de habitación de su esposo se cayó de una litera en las denominadas tumbas, y no recibió atención médica, sino solo una pastilla.
Sandra Hernández, esposa del militar Luis Bandres, también se pronunció en esa oportunidad y denunció: “Los civiles que están en dicho recinto, que son de alta peligrosidad, han amenazado con secuestrar a nuestros familiares para conseguir beneficios, ya que, en el motín anterior, ocurrido el 17 de septiembre, les ofrecieron una serie de cosas que no han cumplido”.
Hernández indicó que temía por la integridad física y la salud de su esposo “ya que este recinto penitenciario está en condiciones precarias.
7 y 15 años de prisión
Estos militares están señalados de sublevarse el 21 de enero de 2019 y de intentar tomar por la fuerza el comando de la Guardia Nacional (GN) de Cotiza, Caracas, para desconocer al gobernante Nicolás Maduro, en medio de una ola de manifestaciones antigubernamentales.
Los detenidos fueron condenados a cumplir entre 7 y 15 años de prisión por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión, motín, desobediencia, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ultraje.