Jubilados de la PNB anuncian acciones de calle para exigir mejoras económicas

Cerca de 500.000 exfuncionarios que están en crisis aspiran a rescatar la discusión de la Ley de Protección Social del Policía

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Los exfuncionarios de la PNB se cansaron de esperar soluciones. Foto cortesía: Samuel Bandes

Exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) anunciaron movilizaciones de calle con el fin de rescatar la discusión de la Ley de Protección Social del Policía y lograr mejoras económicas.

Gregorio Ramón Arias Áñez, presidente de la Federación Nacional de policías Jubilados y Pensionados (Fnpjp) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), precisó que cerca de 500.000 policías están en crisis socioeconómica, lo que atribuye a  la falta de una Ley de Seguridad Social de Policía Nacional. 

Arias Áñez, quien fue redactor de tres proyectos de leyes, refirió que dos de ellos se perdieron y uno está engavetado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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“La Asamblea Nacional (AN) redactó una Ley, pero el Presidente de la República no la firmó, bajo el argumento de que el ente legislativo está en desacato. Fuimos al TSJ y se engavetó por el mismo concepto. Lo cierto es que mientras las autoridades están en el tema político, la realidad del policía y su familia se agrava”, advirtió Añez .   

Cada historia es un drama

A José Zambrano, quien sirvió 30 años en la Policía Metropolitana, la pensión no le alcanza para alimentarse bien, ni para medicinas.

Según refiere, la pastilla para su hipertensión cuesta más que la pensión “Dimos nuestra juventud a la policía y hoy estamos desasistidos por el Estado. Los jubilados y activos no tenemos seguridad social Mi calidad de vida bajó 80 %”, señaló Zambrano.

La situación del exfiscal de tránsito Gonzalo Arroyo es similar a la de Zambrano. Al eliminarse el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intt), los fiscales, como es el caso de Arroyo, fueron absorbidos por la PNB.

Gonzalo vive en Petare. Su hija y el esposo de esta, un ingeniero de Pdvsa, se fueron con sus dos niñas a Perú, una muestra del drama de la desintegración familiar que genera la hiperinflación. Arroyo perdió 80% del sentido auditivo, debido al ruido ambiental, y requiere asistencia.

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“La consulta médica es de 70.000 bolívares. Con la pensión que cobro no puedo pagarla. Mi señora es diabética. Debe operarse la retina en el Vargas, pero no tengo para los exámenes. Una harina precocida se lleva la mitad de la pensión”, lamentó.

Lucio Medina protegió a la ciudadanía durante 27 años y salió jubilado en 2011, cuando eliminaron la Policía Metropolitana. Al integrarse a la PNB presentó los exámenes y los pasó. Pero el psicólogo recomendó jubilarlo por la edad.

Confesó que cobra jubilación y pensión, pero tuvo que buscar un trabajo porque “no me alcanzan para nada”. Medina sufre un drama que también padecen otros policías y fiscales jubilados. En la Venezuela que vocifera ser número uno en la construcción de viviendas, Medina es un sin techo.  Vive en una pieza en el club recreativo de los jubilados, habilitada para prestar ese apoyo.

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Actualmente, Medina toma tres medicamentos para la tensión. Solo uno cuesta 60.000 bolívares. Con dos infartos a cuestas, debe hacerse un segundo cateterismo. “La última vez que pedí presupuesto costaba 8 millardos y el seguro apenas cubría 900.000”, recordó.

Derechos rotos

Roberto García, comisionado de Derechos Humanos de la Confederación de Policías Jubilados de Latinoamérica para el caso Venezuela,  denunció que la policía venezolana es la de menor salario en Latinoamérica. “La póliza de HCM no sobrepasa los cien mil bolívares”, expresó.

En tal sentido anunció que presentará en Perú un informe sobre los derechos que debe garantizar el Estado al policía, como es su bienestar social, remuneración socioeconómica y atención al familiar.

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