Caracas.- 57 días sin dormir tienen Irene y Jhonatan. Todas las noches afinan sus oídos para escuchar el crujir de las paredes y decidir, dependiendo de la intensidad, si cargan a los niños y corren a la calle o esperan un poco más. No querían tener que habitar las ruinas de su casa, pero un año entero pidiendo auxilio desde el barrio Santo Niño, en Petare, no fue suficiente y hoy viven la pesadilla que intentaron evitar.
Desde el 8 de septiembre, cuando se desplomó una vivienda de siete pisos y los escombros derribaron parte de la casa de Jonathan Serrano e Irene Castillo, la pareja, sus dos hijos de 10 y 6 años y los padres de Jonathan quedaron en la calle.
Esa noche la pasaron en la calle viendo cómo las paredes de su hogar se agrietaban y cedía parte de la estructura. En días siguientes vivieron con familiares y amigos hasta que decidieron irse a un refugio del Estado en la carretera Petare-Guarenas, de donde salieron huyendo por las condiciones de insalubridad.
La falta de techo los obligó a regresar a su vivienda e instalarse en el estacionamiento, que es la parte de la casa que aún conserva, aunque agrietadas, las paredes en pie. Allí limpiaron, pusieron un colchón donde duermen los cuatro, restablecieron la electricidad y decidieron quedarse hasta que la Alcaldía de Sucre y el Ministerio de Hábitat y Vivienda cumplan con la promesa de reubicarlos en apartamentos en Charallave este mes de noviembre.
A Irene le preocupan sus niños, Jonaire y Jonathan, pues se mantienen alterados y alertas por el miedo a que la casa les caiga encima y porque uno de ellos convulsiona y la tensión en la que viven afecta su condición de salud.
“Nos prometieron que nos ayudarían y nos reubicarían porque hace un año que las cosas aquí se agravaron, pero ahora la encargada de la comunidad por la alcaldía solo nos da excusa tras excusa (…). A mí ya ni siquiera me importa ser adjudicada en Caracas, sino al menos tener cuatro paredes seguras en dónde criar a mis hijos”, explicó Irene, que trabaja en una empresa de telecomunicaciones, cuyo sueldo le impide pagar alquileres de hasta 50 dólares que se consiguen en zonas cercanas al barrio petareño.
La familia sabe que todas las casas cercanas están en riesgo y temen que alguna pueda colapsar y debilitar más el terreno, o lo que es peor, caerles encima. Pero, por ahora no tienen otra opción más que vivir en esas ruinas y sentir el vértigo que les produce caminar por lo que queda de su casa, sentir los desniveles y vacíos bajo el suelo.
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A las familias de Santo Niño les entregaron un decreto municipal que establece el barrio como zona en riesgo y las exhorta a desalojar y evitar hacer construcciones sobre las ruinas de las más de 15 edificaciones que se han derrumbado y las cerca de 200 que están en riesgo. Pero, en el decreto N° 275-112019 que les fue entregado recientemente no se habla de la promesa de reubicarlas a todas en un complejo conocido como Lomas de Guadalupe, en la carretera entre Cúa y Charallave.
Arrimados
Esta situación la viven también personas como María Morillo, que tras 32 años viviendo en el barrio se vio obligada a salir de su casa por las marcadas fracturas en la estructura y ahora tiene sus cosas arrumadas en la sala de una amiga del barrio que le prestó el espacio para que no perdiera sus enseres.
“Nosotros no pedimos caridad. Que nos asignen casas y si tenemos que pagar en cuotas pagamos así nos quedemos sin comer, pero que nos ayuden a salir de aquí porque jamás nos han prestado atención y este barrio no tiene un año cayéndose, tiene más”, aclaró Morillo.
Mientras, algunos de los damnificados siguen viviendo de la caridad de los vecinos cuyas casas siguen en pie, o pagando alquileres que los asfixian económicamente en medio de la falta de trabajo que trajo la pandemia.