Caracas.– Luego de una reunión entre representantes del servicio de entregas a domicilio o delivery con representantes ministeriales, el lunes 26 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro derogó la medida que pretendía regular al sector.
El comunicado, publicado por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, este jueves, 29 de febrero, precisa que se acordó transferir el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) al Ministerio de Transporte y que la decisión fue acogida «con gran beneplácito» por los prestadores del servicio de delivery.
Además, acordaron formar dos comisiones, de trabajo y de seguridad, en conjunto con los llamados Cuadrantes de Paz del Gobierno y las empresas que prestan servicio de delivery.
Trabajadores de delivery rechazan regulación y piden la derogación de la medida
¿Qué decía la regulación al servicio de delivery?
Esta regulación al servicio de entregas a domicilio, o delivery, fue publicada en la Gaceta Oficial 42.813, con fecha del 5 de febrero, y establecía un importe de 1 % sobre todas las encomiendas que se comercialicen mediante aplicaciones digitales.
Exigía a las empresas, públicas y privadas, que prestan el servicio de reparto, solicitar una habilitación (concesión) a Ipostel, la cual tenía un año de vigencia y un costo de 300 dólares.
También debían consignar un proyecto técnico de operaciones postales de servicios a domicilio, especificar el tipo de servicios que se presta, procedimientos operativo y administrativo con itinerarios y frecuencia, ubicación de las sucursales, entre otros.
Desde su anuncio, la regulación fue rechazada por los prestadores del servicio y especialistas en el tema, destacando su inconstitucionalidad.
El observatorio venezolano Acceso a la Justicia alegó que impide que las personas puedan realizar libremente una actividad económica privada de su preferencia, como es el reparto a domicilio.
Por su parte, el consultor y auditor tributario Héctor Orochena apuntó que el reglamento que decretaba esta medida es una providencia administrativa sin el soporte de una ley que debe aprobar la Asamblea Nacional.
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