Guarenas.- Este 6 de marzo se cumple un año del asesinato de Eligio Duarte, oficial de la Policía Municipal de Chacao, y del exfuncionario de ese mismo cuerpo Fernando Lira. Ambos fueron emboscados en Guarenas, estado Miranda, por miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) cuando se disponían a cobrar 500 dólares que habían comprado una semana antes. El juicio por el caso aún no se ha iniciado, en un contexto de irregularidades y pese a haber identificado a los presuntos responsables del crimen.
En estos 366 días, el procedimiento judicial de este caso ha pasado por siete diferimientos de la audiencia preliminar y dos de la apertura de juicio. El proceso también se ha visto empañado por vicios como la ausencia de imputación para un funcionario policial que dio positivo en las pruebas de balística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc); del vendedor de las divisas, identificado como Jonathan Coraspe; y del titular de la cuenta en la que se transfirió el dinero de la transacción, quien también es oficial activo de la policía científica.
“He realizado unas 20 solicitudes ante el Ministerio Público y los tribunales para pedir los antecedentes penales de dos de los acusados que fueron sentenciados por delitos y aún ejercen cargos policiales. También he solicitado diligencias penales, controles judiciales y todo, absolutamente todo me ha sido negado”, refirió Alexis Lira, abogado penalista querellante del caso y hermano de una de las víctimas.
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Por el doble homicidio están acusados Alexander Efraín Uzcátegui Flores, Sammy Wladimir Prin Morales, Hugo Rafael Martínez Sánchez, Richard Alfredo Sánchez Pérez, Meyfer José Díaz López y Francisco Jesús Paredes Peña. A todos les imputaron los delitos de homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
En la audiencia de presentación, el tribunal cuarto de control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda Extensión Barlovento les ordenó como centro de reclusión el Internado Judicial Yare III; sin embargo, el traslado nunca se efectuó. Los seis hombres permanecen en la sede de la Faes, en Caricuao, Caracas. Lira señala que de ese lugar se les ha visto entrar y salir, incumpliendo la privativa de libertad.
Las fiscalías acusadoras fueron la 94 nacional y la 10 del estado Miranda, ambas con competencia en derechos humanos. Lira detalló que la segunda fue relevada cuando en el caso se involucró el fiscal superior del estado Miranda, Omar Jiménez, quien solicitó que se le cambiara la acusación de coautor a cómplice necesario a José Miguel Oliveros Gómez.
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Según el informe del parque de armas del Faes-Miranda del jueves 6 de marzo de 2019, Oliveros Gómez tenía en su poder la subametralladora marca H&K de la que se colectaron 14 conchas y dos plomos en la escena del crimen.
Sobre Oliveros pesa una condena por homicidio calificado. Aun así y contrario a lo que establecen las leyes venezolanas, es funcionario activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscrito a la Faes-Miranda y actualmente se desempeña como director de la Policía Municipal de Brion (Higuerote).
Más víctimas
María González era la pareja sentimental de Fernando Lira y fue quien hizo la transacción por los dólares. Hacía seis años que le habían detectado una hipertensión pulmonar que le afectaba el corazón. La tristeza de perder al amor de su vida la sometió en una depresión que, a pesar de cumplir con el tratamiento médico, aceleró su enfermedad. El pasado 3 de enero falleció de una insuficiencia cardíaca.
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“Nadie, ningún ser humano merece morir de esa manera como lo están haciendo esos señores. Ella tenía su enfermedad controlada con el tratamiento, pero no aguantó el dolor de la muerte repentina de Fernando”, reveló Susana González, su hermana.
Otra de las víctimas es Jeannett Padrón, viuda de Eligio Duarte. Ahora mantiene sola el hogar que construyó con su esposo, en el que nacieron dos hijos. Tiene cuatro empleos para hacer frente a la crisis económica que golpea al país. “El Estado debe asumir un rol de protección e indemnización para garantizarle las condiciones mínimas de dignidad a una familia desmembrada abruptamente. Si esto le ocurre a una familia de bajos recursos, los niños quedarían desprotegidos”, apuntó.
La madre de Fernando Lira, la señora Dora Granados, pide justicia para su hijo. “Que caiga todo el peso de la ley sobre todos los responsables. No solo los que están detenidos, sino también a los que aún están en libertad. Sería un consuelo para quienes quedamos vivos en una familia que ha sido desmembrada”, concluyó.
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