Caracas.- Las credenciales ad honorem que recientemente fueron anuladas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), estaban en manos de civiles que recibían un trato preferencial de parte de funcionarios de este organismo, según lo declararon un comisario jubilado de esta institución y un criminólogo, que fueron consultados por El Pitazo.
La interrogante sobre esta acreditación inició el pasado 30 de agosto, cuando Douglas Rico, director de este organismo de investigación, publicó un comunicado en sus redes sociales para informar que desde ese día quedaban anuladas las credenciales ad honorem, que fueron otorgadas por la oficina de Recursos Humanos. “Se hace el llamado a los ciudadanos que las poseen, hacer entrega de las mismas en dicha oficina”, se leyó en la publicación.
Seguidores del comisario Rico dejaron múltiples comentarios en la publicación, en los que se preguntaron quiénes poseían las credenciales policiales y para qué eran usadas.
Las fuentes consultadas solicitaron que se les resguardara su identidad. “Es muy probable que esas credenciales hayan sido anuladas y recogidas, por el reciente cambio en el Ministerio de Interior y Justicia, donde salió Remigio Ceballos y entró Diosdado Cabello. Es posible que Cabello quiera partir de cero con el otorgamiento de esas credenciales”, opinó el criminólogo entrevistado.
Cicpc anula credenciales Ad Honorem y pide que las devuelvan
Mientras que el comisario jubilado del Cicpc explicó que “el otorgamiento de esas credenciales ad honorem se ha desviado en Venezuela. Actualmente se le otorgan a personas relacionadas con el poder, ya que estas le pueden permitir un trato especial por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad”.
Ambos coincidieron en que las credenciales no funcionan para que quienes las portan tengan la potestad de actuar como policías, sino para que reciban tratos preferenciales. “Se le entregan a gente cercana al poder, los que la gente ha bautizado como enchufados”, opinó el especialista en criminología.
El artículo 3 del Estatuto de la Función Policial prohíbe los funcionarios policiales ad honorem u honorarios, haciendo referencia a que “no se permitirá la condición de funcionarios y funcionarias policiales ad honorem u honorarios”. Sin embargo, esta ley abarca a la Policía Nacional Bolivariana, policías estadales y municipales, pero no rige al Cicpc.
Las fuentes entrevistadas también coincidieron en que el anuncio de prohibición de las credenciales lo hacen público para que las personas que las portaban sepan que quedaron sin efecto y para que los policías que están en la calle sepan que las únicas válidas son las otorgadas a partir de esa notificación pública.
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