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martes, 2 marzo, 2021

Expertos coinciden en que no se justifica el asesinato de la detective del Cicpc

Especialistas aseguran que el uso de armas de fuego para detener el vehículo de la detective debió ser la última medida tomada por la Policía Militar de Fuerte Tiuna

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Caracas.- El lunes 24 de febrero, Ayendry Moreno, de 29 años, detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), fue asesinada por centinelas de la Alcabala N° 3 de Fuerte Tiuna. De acuerdo con el parte oficial emitido por Jhony Berroterán Escobar, jefe de servicio de la 35 Brigada de Policía Militar Libertador José de San Martín, Moreno se negó a obedecer la voz de alto luego de que tumbara unos conos de tráfico en la Alcabala N° 10 por, presuntamente, conducir a exceso de velocidad.

La versión militar señala que la funcionaria ignoró la orden del primer teniente Víctor Estaba, presuntamente lo golpeó con el carro y atropelló a un miembro de la Policía Militar. Este último disparó dos veces, una al caucho y la otra al cuello de Moreno, que murió en minutos.

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Especialistas explicaron a El Pitazo que la voz de alto no es justificación para disparar a matar, en ningún contexto. Keymer Ávila, abogado, investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), expone que el uso de la fuerza letal debe responder a tres principios: proporcionalidad –cuando se está en la obligación de defender la propia vida o de alguien más-, necesidad –que no sea posible otro tipo de intervención- y legalidad –solo se permite la fuerza letal para defender una vida-.

Ávila insiste en que, sobre la base de estos principios, habría que preguntarse qué se estaba defendiendo: “¿Se estaba salvando alguna vida? ¿Salvaron una vida quitando otra? ¿Qué vida salvaron ellos para justificar un asesinato?”, cuestiona y enfatiza en que llevarse por delante unos conos no es excusa para usar armas de fuego.

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No es el primer caso en el que los cuerpos policiales alegan resistencia o desobediencia a la autoridad para echar mano de su licencia para disparar. En 2019, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró que, de 16.506 muertes violentas, hubo 5.286 víctimas de la acción policial, lo que representa 32 % del total. La cifra dejó una tasa de 19 asesinados por cada 100.000 habitantes. En 2010, este canon era de 2,3.

Además de ser el índice más alto de la región, es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una epidemia de mortalidad. Ya en 2018, el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) precisaba que el Gobierno venezolano registró 5.287 muertes por “resistencia a la autoridad” durante operaciones policiales, lo que dejó una tasa de 15 jóvenes asesinados cada día por organismos de seguridad.

De acuerdo con la versión militar, desde la Alcabala N° 10 dieron la orden de detener el vehículo y revisarlo cuando llegara a la Alcabala N° 3, donde Moreno fue asesinada. | Foto: Ronald E. Peña

Patrón de impunidad

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De acuerdo con el parte de la Policía Militar, desde la Alcabala N° 10 se informó a los funcionarios de la Alcabala N° 3 acerca de un vehículo que iba con exceso de velocidad y se ordenó detenerlo y revisarlo. Anagabriela Centeno, abogada y subdirectora de la organización Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (Promedehum), apunta que un arma de fuego debió ser la última opción, en caso extremo, para evitar que Moreno siguiera manejando.

Resalta que, como se relata en el informe oficial, si se comunicó de una alcabala a otra, hubo tiempo para tomar otra medida como, por ejemplo, instalar una barrera de clavos en el piso o atravesar otro carro para impedir el paso. “La excusa de resistirse a la autoridad es muy común. Es un patrón de conducta recurrente entre los cuerpos armados. Lo justifican, pero no es excusa, pudieron, incluso, disparar al caucho”, dijo.

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El uso de la fuerza y el abuso del poder son de vieja data. El 16 de marzo de 2012, Karen Berendique, hija del cónsul de Chile, fue asesinada en Maracaibo por efectivos que dispararon, según información oficial, cuando la joven de 19 años no se detuvo en un retén policial. En 2017, cinco años después, cuatro exfuncionarios fueron condenados a penas de entre 8 y 16 años por el Ministerio Público.

Centeno asegura que la mayoría de los casos en los que los victimarios son efectivos de seguridad del Estado no hay castigo; la impunidad los favorece. Por eso insiste en que este asesinato debe tener una investigación oportuna y veraz que permita determinar la responsabilidad y el alcance del culpable.

El hecho de que casos así queden impunes puede derivar en el fortalecimiento del patrón que permite la justificación del uso de la fuerza letal con la excusa de la desobediencia, expone la especialista. Además, demuestra una fractura entre organismos policiales.

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