Caracas.- En el quinto mes del año, Espacio Público documentó 11 casos que se traducen en 14 violaciones a la libertad de expresión y acceso a la información. 13 de ellos relacionados con censura, hostigamiento judicial e intimidación y uno de restricción administrativa.
7 de los casos fueron propiciados por las instituciones del Estado, siendo victimario en 63 % de las violaciones del mes. La principal víctima fue la ciudadanía en general (7 casos), junto con medios de comunicación, ONG o miembros de las mismas; y periodistas o reporteros (2 casos cada uno).
Hostigamiento continuado y cierres
Mayo inició con un caso de agresión a la periodista Leonor Argüelles por parte del concejal oficialista José Sierra. De acuerdo con la ONG, esto ocurrió en medio de una sesión del Concejo Municipal de Maracaibo en la que se discutía sobre el Premio Municipal de Periodismo.
La agresión, según el informe, se produjo el 5 de mayo, luego de que Argüelles diera un discurso en la cámara sobre que el premio se le debía entregar a periodistas certificados y egresados de universidades públicas o privadas y no a comunicadores populares, como solicitaba la bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
El 18 de mayo, tres funcionarios de PoliBarinas hostigaron a una delegación de la Fundación de Derechos Humanos de Los Llanos (Fundehullan) mientras hacían un conversatorio sobre Derechos Humanos y una jornada médica en la Casa Cultural del municipio Obispos.
La política de Estado venezolano, en los últimos años, ha consistido en criminalizar la labor que realizan defensores, trabajadores de los medios y otros particulares que contradicen el planteamiento del partido gobernante.
El 20 de mayo, por su parte, funcionarios de Conatel cerraron la emisora Topacio 101.9 FM en el estado Barinas e intentaron decomisar sus equipos, hecho que motivó a habitantes del sector a protestar pacíficamente en contra de la medida.
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