Caracas.– En el año 2021, el Ávila fue tema de conversación por las diferentes actividades que se realizaron en el paisaje característico de Caracas, dado que las deforestaciones no cesaron, los ciclistas montañeros asistieron a recorridos en la zona protegida, fueron construidas mansiones en Galipán y el gobierno de Nicolás Maduro anunció la creación de una ciudad comunal.
El mandatario explicó, en una alocución del 20 de octubre de 2021, que en la Ley de Ciudades Comunales se agruparán 16.395 consejos comunales y 1.678 comunas para constituir 309 ciudades comunales en el arranque, las cuales se van a conformar de acuerdo con la ley.
Inicialmente, la población se alarmó tras entender que en pleno corazón del Parque Nacional Waraira Repano se construirían viviendas, pero en realidad es un concepto político para aglomerar a los consejos comunales de un sector.
De acuerdo con Luana Cabrera, guía turística de Café Naiguatá, desde que informaron que formarían una ciudad comunal no se han visto construcciones. «Ese anuncio no significa la construcción de ninguna infraestructura’’, asegura.
El 13 de junio de 2014, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió el otorgamiento de ‘‘cualquier permiso para construir nuevas instalaciones o viviendas (…) en cualquier asentamiento humano que se ubique dentro de los linderos del Parque Nacional Waraira Repano’’, así lo cita la página oficial del máximo órgano del sistema judicial de Venezuela. De esta manera, es ilegal iniciar algún trabajo de construcción en el área.
La sentencia también impide la ampliación de las vías de tránsito rurales a través de la deforestación de los árboles, la construcción de pozos sépticos y sumideros. No obstante, en zonas como Galipán, poblado localizado en la ladera norte del cerro el Ávila, se avistan mansiones con grandes muros. A esa situación se le suman las invasiones en las zonas de Lídice, La Pastora y tramos de la carretera vieja de La Guaira que, con el paso de los años, se han transformado en sectores populares.
Mansiones en Galipán
Parques nacionales como Galipán son habitados por comunidades autóctonas que no cuentan con plena libertad para crear negocios. Ante esa situación, Elides Sulbarán, exdirector de Inparques e ingeniero forestal, señala que se les concede una serie de prerrogativas para que puedan crecer de manera natural con la población nativa.
Aun así, a los locales les impiden expandir las infraestructuras mientras que los habitantes observan cómo figuras políticas se alojan en mansiones de gran extensión de terreno y muros de lujo. Sulbarán presume que Galipán se volvió el ‘‘objetivo de una serie de personas con mucho poder que compran las bienhechurías (construcciones levantadas en terrenos baldíos) de los pobladores (…) Esas personas tienen en común el alto poder económico y la vinculación con esferas políticas’’.
En entrevista con El Pitazo, el especialista en Parques Nacionales relató que esas acciones siempre han sucedido, tanto en el gobierno actual como en anteriores, pero en el pasado intentaban disimular y no exponían su imagen. Uno de los rostros que presuntamente se ve con más frecuencia en la zona es el de Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, agrega Jorge Padrón, coordinador de la fundación Chunikai.
Para Padrón, se está violando el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (Poru), que regula las actividades que se pueden desarrollar o ejecutar allí, y cuya reforma ha sido promovida por el Instituto Nacional de Parques (Inparques).
‘‘A la gente de Galipán les exigen que cumplan al pie de la letra la norma, pero con estos han tenido la vista gorda, han permitido que amplíen las rutas. Les dejan ingresar material de construcción (…) a través de vías formales, como la carretera vieja de Cotiza. También por el lado de La Guaira, hay una complicidad de las mismas autoridades (militares) que trabajan allí’’, denunció Padrón, autor del capítulo ambiental del informe de Provea y miembro de la Comisión de Áreas Protegidas de la Unión Internacional de Conversación de la Naturaleza (Uicn).
Permisiones para ciclistas montañeros en el Ávila
El decreto 276 del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el artículo 28.b numeral 9 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (Poru) mencionan que el uso de bicicletas no está permitido en el Waraira Repano. La medida está respaldada por la resolución N.° 00012, del 4 de marzo de 2011, del Ministerio del Ambiente que prohibió la actividad en parques nacionales y monumentos naturales.
El coordinador de la fundación Chunikai asegura que desde 2019, hasta la fecha, ciclistas y organizadores de competencias han utilizado las áreas con el respaldo de autorizadores que evitan dar sus nombres. ‘‘El tema de las bicicletas no compete solo a los ciclistas, sino a la capacidad de carga. Eso quiere decir que hay un exceso de visitantes y deben establecerse unos límites, una gestión, porque las bicicletas abren surcos en las pendientes, se amplía el camino y se pierde la vegetación. Hay un proceso de erosión evidente’’, explica Jorge Padrón.
En medio del debate entre las personas que apoyan o no el ingreso de bicicletas al Ávila, funge un negocio lucrativo en el que se benefician los vendedores y los promotores de los mismos. Se aplica en el cerro El Volcán, una zona protegida localizada cerca de El Hatillo, estado Miranda, donde los visitantes modificaron la topografía para crear rampas de tierra y senderos.
¿Cuánto cuesta participar en un recorrido? El ingeniero forestal Élides Sulbarán estima que por persona cobran hasta 80 dólares y pueden recaudar sumas que alcanzan los 12.000 dólares. Los expertos consultados por El Pitazo temen que el permiso otorgado por el viceministro de Gestión Ecosocialista y presidente de Inparques, Josué Lorca, se extienda a todo el país. ‘‘Aplica para las construcciones de mansiones. Todo lo que está pasando en el Ávila se debe a la imposibilidad de sacar del país los capitales que se han acumulado. Han visto en el turismo mal orientado una ganancia inmediata’’, lamenta Sulbarán.