Educación privada teme fijar cuotas mientras se mantenga la cuarentena

A menos de dos meses de terminar el año escolar, en colegios privados dudan acerca de retomar las clases presenciales por temor a nueva ola de contagios

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Colegio San Agustín de El Paraíso | Foto: colegiosanagustin.edu.ve

Caracas.- El 3 de abril, cuando Venezuela apenas contaba 18 días en cuarentena total por el brote de COVID-19, Nicolás Maduro asomó la posibilidad de terminar el período escolar 2019-2020 de forma online. Días después, el martes 7 de abril, Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación, ratificó la suspensión de las clases presenciales e indicó que se usarían “aquellas estrategias pedagógicas de aprendizaje a distancia”.

Aunque el aislamiento comenzó a flexibilizarse desde el 1° de junio, las juntas directivas de los colegios privados de Venezuela temen comenzar procesos de inscripción y fijar cuotas de escolaridad para el período 2020-2021. Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), aseguró a El Pitazo que “nadie se atreve a fijar cuotas si no se saben si comenzarán con regularidad las clases presenciales. Nadie en el sector privado tiene la certeza acerca de el nuevo año escolar”. 

Romeo explicó que, mientras no exista una vacuna contra el nuevo coronavirus -que ya suma más de 6.000.000 de casos en el mundo-, no hay seguridad para retomar las actividades con normalidad. Generalmente, las asambleas entre representantes y juntas directivas para conversar acerca del siguiente año comienza en el mes de mayo, pero, en medio de la pandemia, son pocos los colegios en los que se ha discutido, siquiera, acerca de las reinscripciones. “Algunos lo han hecho a distancia, han hablado acerca de abonar una parte, pero muy tímidamente. No hay ningún proceso de inscripción formal, aún”, dijo.

Considera que la mayoría de docentes y representantes temen por la salud de los estudiantes, por eso han conversado con Istúriz para que, en septiembre, se comiencen clases semipresenciales utilizando el 5×10 propuesto por Nicolás Maduro para la flexibilización de la cuarentena: 5 días de clases en aulas y 10 de aprendizaje en casa. “Nosotros nunca dejamos de trabajar desde el 16 de marzo -cuando se decretó el confinamiento-, pero sí queremos que se retomen las clases con precaución”, manifestó.

Además, proponen que el mes de septiembre sea para trabajar en la nivelación de los estudiantes. “No es recuperación, es evaluar para saber en dónde están y cómo están sus conocimientos”.

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El 4 de abril, Andiep y sus aliados, la Asociación Venezolana de Educación Católica (Avec) y la Cámara Venezolana de la Educación Privada (Cavep), emitieron un comunicado en el que pedían a las juntas directivas no modificar las cuotas de escolaridad. El documento rezaba: “Exhortamos a nuestras instituciones afiliadas y no afiliadas a no efectuar ajustes que incrementen el valor de la mensualidad escolar mientras dure esta contingencia. Consideramos que no es el momento adecuado”.

Sin embargo, las subidas en la tasa del dólar -oficial y no-, la hiperinflación y el costo de la vida que se han agravado durante la pandemia, dificultan cada vez más el pago de las mensualidades y obligan a muchos colegios a modificar sus mensualidades. Por eso, una de las consecuencias de esta emergencia global, según Romeo, será la pérdida de matrícula y el cierre de algunos colegios. Hasta 2015, según datos oficiales, en Venezuela habían cerca de 4.700 instituciones privadas y 3.200.000 estudiantes. Para 2019, Adiep, Avec y Cavep registraron una reducción en las listas de estudiantes de casi 50%, que atribuyen, sobre todo, la emigración de las familias venezolanas. 

Romeo no estima una proporción específica, pero sabe que para cuando termine este período de aislamiento, habrá muchos retiros. “No es por los aumentos, es porque cualquier padre o madre que no esté produciendo, no puede pagar”, dijo y aseveró que no habla de personas con ingresos mínimos -fijados en 800.000 bolívares-, sino de personas que son dueñas de empresas, que tienen sus propios consultorios médicos o bufetes de abogados. 

“El problema es que se cierran colegios y cada puerta que se cierra son empleos que se pierden”, apuntó. 

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