Caracas-. La publicación en Gaceta Oficial de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, también conocida como Ley antisociedad o Ley anti-ONG, se traduce en la aceleración de un modelo totalitario como el de Nicaragua, alertó el coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo.
“Esta ley anti-ONG formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolana y su aprobación responde a la naturaleza de un régimen político que busca controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y del país”, aseguró a través de su cuenta de X.
El reglamento fue publicado en la Gaceta N.° 6.855 Extraordinario, con fecha 15 de noviembre, pero difundido la noche del martes 3 de diciembre. Además, Murillo destacó que esta medida demuestra la necesidad de silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Las ONG tienen una incidencia importante y la credibilidad suficiente para levantar la voz, de modo que los graves abusos que se cometen no queden en el olvido. ¡La dignidad es el camino!”, aseguró el coordinador general de Provea.
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Las ONG venezolanas han advertido en repetidas oportunidades de los riesgos que trae consigo la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro.
La ONG Acceso a la Justicia publicó un documento en septiembre, llamado Análisis del abuso, donde indica que este reglamento tiene un objetivo formal y otro inconfesable, como regular la constitución, el registro, el funcionamiento y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro y revestir de legalidad el progresivo e indetenible cercenamiento del espacio cívico en Venezuela.
“El instrumento fue aprobado en el contexto del recrudecimiento de la represión contra cualquier expresión de disidencia frente al Gobierno luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, justo cuando la ciudadanía venezolana ejerció su derecho a la participación por excelencia: el sufragio”, comenta.
Además, destaca que cualquier norma regresiva que afecte el ejercicio de los derechos humanos es, de iure, contraria a la Constitución y en consecuencia viciada de nulidad.
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El codirector de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, por su parte, recordó, en una conversación telefónica, que esta ley establece un lapso de adecuación de 3 meses, es decir, 90 días, que con la demora en su difusión se traduce en la pérdida de 18 días para ajustarse a la medida.
Afirmó que no es la primera vez que sucede esta demora en la publicación y difusión de gacetas e incluso Acceso a la Justicia desarrolló el estudio Las Gacetas Pérdidas, donde detectó que ha ocurrido al menos en 50 ocasiones. “De hecho, hay gacetas que nunca han aparecido”, aseguró Daniels.
Finalmente, Acceso a la Justicia acotó que esta ley también tiene un carácter punitivo, que se evidencia por las sanciones que establece: multas, anulación de registro, medida preventiva de suspensión, disolución, prohibición de registro, anulación del registro de las organizaciones no domiciliadas y expulsión del país de extranjeros miembros de una organización no domiciliada.
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