Caracas. La Cruz Roja Venezolana (CRV) eligió a Luis Farías como presidente de su nueva junta directiva el 29 de junio. Esto ocurre 11 meses después de ser intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que la Fiscalía abriera una investigación sobre el presunto acoso y maltrato a los voluntarios y trabajadores.
Tras la intervención, Mario Villaroel, en el cargo durante más de 40 años, fue sustituido por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, para un período que no debía superar el año, tiempo en el cual se debían convocar las elecciones para escoger a los miembros de la nueva junta directiva.
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Según un comunicado de la CRV, el nuevo presidente, abogado de 29 años, tiene experiencia en cooperación humanitaria, y liderará la junta definitiva 11 meses después de la reestructuración de la organización con una directiva ad hoc.
La nueva junta fue nombrada a través de una asamblea extraordinaria en la que participaron más de 750 voluntarios de las 41 filiales de todo del país de la Cruz Roja Venezolana, luego de décadas sin posibilidad de participar y poniendo fin al proceso de reestructuración.
«Este encuentro marca un hito histórico para la institución porque es la primera vez que las regiones de todo el país han tenido la oportunidad de participar en una elección», señaló la organización en el comunicado.
Según Farías, la nueva junta tendrá como objetivo la renovación y recuperación total de la Cruz Roja Venezolana, la reafirmación de los principios de la Cruz Roja«, la tolerancia cero a las prácticas indebidas y la plena implementación de los nuevos estatutos.
¿Qué pasó con la Cruz Roja?
El 28 de julio de 2023 el fiscal de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó que su despacho investigaba a Villarroel por supuesto abuso y maltrato al personal de la Cruz Roja Venezolana.
En menos de una semana, el 4 de agosto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) consumó la intervención y designó a Ricardo Cusanno para dirigir la junta reestructuradora, según la sentencia 1057 bajo ponencia de la magistrada Tania D’Amelio.
La medida fue cuestionada entre diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana por considerar que atenta contra el derecho fundamental y constitucional de libre asociación.
Con información de EFE
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