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jueves, 29 septiembre, 2022

Claves | ¿Por qué los docentes seguirán con las protestas?

Eliminar el instructivo 2792 de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), salarios que cubran el costo de la canasta básica, el pago de la deuda salarial de 280%, reactivación de las sedes del Ipasme y la renovación de la contratación colectiva son algunas de las demandas del gremio docente al gobierno de Nicolás Maduro

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Caracas.- El pago del bono vacacional era una de las tantas demandas que el gremio docente le hacía al Gobierno de Nicolás Maduro. Esta bonificación ya fue pagada el pasado martes 16 de agosto, pero representantes de este sector aseguraron que no piensan abandonar las calles debido a que aún les deben algunas reivindicaciones y derechos que están en varias cláusulas de su contratación colectiva.

El equipo de El Pitazo conversó con dirigentes sindicales del sector educativo para conocer al detalle cuáles son sus reclamos a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), cómo este organismo se ha encargado de reducir sus salarios y por qué es vital para ellos que se suprima el instructivo de pago que utiliza la mencionada oficina.

¿Cuáles son sus exigencias más allá del pago vacacional? Estos son los reclamos de los trabajadores del sector, según varios de sus representantes:

Eliminar el instructivo 2792 de la Onapre

Una de las exigencias más importante de los educadores es la derogación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), también conocido como el instructivo 2793, con el cual se violan arbitrariamente sus derechos contractuales, ya que reduce los porcentajes de las primas entre 45% y 60%. Esta situación afecta no solo a los educadores, sino a todos los trabajadores de la administración pública, afirmó la coordinadora de la Unidad Democrática del sector Educativo, Ofelia Rivera.

La secretaria nacional de Legislación Laboral, Negociación y Convención Colectiva de la Federación Venezolana de Maestros (FMV), Belkis Bolívar, tachó a la Onapre de mermar el salario de los trabajadores al disminuir sus primas.

Bolívar detalló minuciosamente lo que ha hecho la Onapre: “La prima geográfica, que está desde el año 1980 en 20% del salario integral, la Onapre la disminuyó en 10%; la de ayuda asistencial del hogar, que era de 40%, la bajaron a 10%; la de aspectos propios del ejercicio docente, que era del 25%, disminuyó a 10%; a la de antigüedad, que es una de las más sustanciosas que tienen el contrato colectivo, le bajaron el 50% en todas las categorías docentes; la prima de compensación académica también se redujo: especialización, de 40% a 30%; la de maestría, que era de 50%, la bajaron a 40%; la del doctorado, que era de 60%, la llevaron a 50%”.

La suma de todas estas reducciones da un total de 135%, es decir, perdieron lo que equivale a un salario, que también incidía en el pago del bono vacacional y que fue cancelado el pasado martes 16 de agosto.

Asimismo, Ofelia Rivera destacó que el pago que fue abonado por concepto de bono vacacional representa solo una “ínfima parte de lo que ha sido la violación de los derechos laborales”.

La dirigente sindical Bolívar recalcó que “ese instructivo viola no solo sus contrataciones colectivas, sino que hasta la Constitución venezolana y la ley, porque estos instrumentos dicen que el salario es un derecho de los trabajadores de percibirlo en el tiempo. En el caso de nosotros los educadores, el salario fue pactado en la convención colectiva y así ellos tienen que pagarlo”.

Salarios dignos

La profesora Ofelia Rivera destacó que los educadores y demás trabajadores venezolanos necesitan salarios dignos, como lo establece la Constitución venezolana en su artículo 90 y 91. Es decir, ingresos mensuales con los que puedan adquirir una canasta básica, que durante el mes de junio se ubicó en 459,84 dólares, según el balance del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

La activista recalcó que aunque sus demandas son laborales, esta situación afecta el desarrollo pedagógico en todos los centros educativos, desde educación inicial hasta universitaria.

Deuda de 280%

La dirigente Belkis Bolívar destacó que ante este panorama, el gremio no se puede quedar tranquilo porque aún tienen pendiente 280% de aumento salarial, según establece su convención colectiva. Una deuda que el Gobierno tiene desde el año 2018.

Asimismo, Rivera destacó que el porcentaje que le adeudan ya no son casi 300%, sino 500%, “porque hay que incluir la recurrencia de lo que corresponde a cada una de las cláusulas”.

Reactivación de las sedes del Ipasme

El gremio de los educadores también aboga por la activación de las más de 60 sedes del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme), puesto que, denuncian, en la actualidad pocas se encuentran operativas o no atienden todas las especialidades, lo que los hace sentir desprovistos de asistencia médica y social.

Renovación de la contratación colectiva

La contratación colectiva del gremio tiene un año y medio vencida, y durante las discusiones de las federaciones y sindicatos con las autoridades del Ministerio de Educación y del Trabajo para su renovación solo se han discutido 16 de las 61 cláusulas que tiene el documento, lo que equivale solo a 27,8%, destacó la secretaria nacional de la FMV, Belkis Bolívar.

De esos puntos ya conversados ninguno tiene incidencia económica, que es justamente lo que espera el trabajador, como el del tabulador salarial, bono de vacaciones, bonificación de fin de año y seguridad social.

“La lucha sindical no ha concluido, como algunos piensan”, sentenció Rivera, pues considera que este es el momento de continuar con las acciones de calles para aumentar la presión y alcanzar más victorias para el gremio docente.

Se espera que el próximo martes 23 de agosto un grupo de trabajadores públicos se reúna en la esquina Salas, al frente del Ministerio de Educación, para exigir que se cumplan con todas y cada una de sus peticiones. Sin embargo, destacan que la más urgente es la derogación del instructivo de la Onapre, porque consideran que mientras siga en vigencia será difícil tener sueldos que cubran sus necesidades.

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